Barcelona, España — La histórica Plaza Monumental de Barcelona, símbolo de la tauromaquia en Cataluña, continúa cerrada no por falta de ley ni de afición, sino —según denuncian diversas voces del ámbito taurino— por presiones políticas y empresariales que mantienen el recinto en un “secuestro silencioso”.
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2016, que anuló la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, el Grupo Balañá, propietario del coso, intentó vender la plaza por 41 millones de euros. Sin embargo, la operación fue frustrada por una serie de maniobras políticas que, según fuentes taurinas, buscaron impedir que el recinto volviera a acoger festejos taurinos.
“El problema no es legal, es político y económico”, señalan representantes del sector. La familia Balañá, con intereses en cines, teatros y espectáculos, habría optado por mantener la inactividad taurina como medida de protección frente a posibles represalias o pérdidas de apoyo institucional.
Para los defensores de la tauromaquia, la situación representa una forma de censura encubierta. Acusan al independentismo catalán de promover una “dictadura cultural” disfrazada de pluralidad, bloqueando cualquier intento de reactivar la libertad taurina en la región.
Organizaciones taurinas insisten en que es hora de romper el silencio. “La Monumental no está muerta, está secuestrada”, afirman. Y advierten que lo ocurrido en Barcelona no sólo afecta a la fiesta de los toros, sino también al derecho de los ciudadanos a decidir qué expresiones culturales desean preservar.
