Un reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela ha revelado que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene un patrón sistemático de arrestos, hostigamientos y detenciones arbitrarias de familiares de opositores políticos, con el fin de sembrar miedo y disuadir la disidencia.
La misión, que entregará su documento completo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, detalla que estas acciones no son hechos aislados, sino una estrategia deliberada de represión posterior a las elecciones de julio de 2024, cuestionadas por la oposición y diversos observadores internacionales.
Entre los casos documentados figura el de Rafael Tudares, yerno del entonces candidato presidencial Edmundo González Urrutia, detenido cuando se dirigía a dejar a sus hijos en el colegio. Según la investigación, casos como este se repiten en varias regiones del país y afectan incluso a personas sin militancia política directa.
El informe sostiene que el aparato estatal venezolano —a través del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y cuerpos policiales locales— ejecuta acciones coordinadas para intimidar, vigilar y detener a familiares de figuras opositoras.
“El mensaje es claro: nadie está a salvo si desafía al poder”, expresó uno de los investigadores de la misión en declaraciones recogidas por Reuters.
Además, se alerta sobre la práctica de detenciones sin orden judicial, retención de pasaportes, confiscación de bienes y restricciones de movilidad. Todo esto, según la ONU, configura una política de represión institucionalizada.
La líder opositora María Corina Machado calificó el informe como “una prueba irrefutable de la persecución estatal que vive Venezuela” y exigió a la comunidad internacional “acciones concretas, no solo pronunciamientos”.
Por su parte, Edmundo González Urrutia reiteró que “la justicia no puede seguir ausente ante crímenes que destruyen familias y siembran el miedo en todo un país”.
Hasta el cierre de esta edición, el gobierno venezolano no había emitido respuesta formal al informe. En ocasiones anteriores, el Ejecutivo ha calificado este tipo de denuncias como “parte de una campaña internacional de difamación” impulsada por potencias extranjeras.
Organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Parlamento Europeo expresaron su respaldo a las conclusiones del documento, insistiendo en que el Consejo de Derechos Humanos debe extender el mandato de la misión de la ONU para mantener la vigilancia sobre Venezuela.
La publicación de este informe coincide con el incremento de sanciones individuales contra funcionarios venezolanos por parte de la Unión Europea y Estados Unidos. Además, ocurre en un momento en que sectores de la sociedad civil denuncian el cierre de espacios democráticos y el debilitamiento del sistema judicial.
