El 18 de marzo de 2015, el presidente Barack Obama firmó un decreto donde, para sorpresa de muchos, caracterizaba a Venezuela como:
«… una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica…».
Este decreto, que la población venezolana llamaría “Decreto Obama”, es en realidad la Orden Ejecutiva N.º 13692, que sentó las bases administrativas y jurídicas dentro del entorno legal norteamericano para bloquear, presionar y asfixiar económicamente, así como aislar geopolíticamente a Venezuela.
Luego de esta orden ejecutiva vendrían más de 900 sanciones unilaterales, persecuciones a buques y aeronaves, bloqueos de activos por más de 32 mil millones de dólares, el congelamiento de oro en bancos europeos, la toma de empresas venezolanas como Citgo, la imposición de un “Estado paralelo”, el cierre del espacio aéreo y marítimo, la movilización de una poderosa flota militar frente a las costas venezolanas y diversos episodios de confrontación que marcaron una etapa de alta tensión política y militar.
Todo esto ha ocurrido en más de dos décadas de confrontación entre los gobiernos demócratas y republicanos de Estados Unidos y la Revolución Bolivariana, iniciada en 1998. A ello se suman intentos de golpe de Estado, sabotajes petroleros y eléctricos, operaciones encubiertas y diversas acciones de presión internacional durante las administraciones de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro Moros.
Sería incalculable medir las pérdidas humanas y materiales que han generado estas sanciones y bloqueos. Para muestra:
- Fallecimientos asociados a la falta de insumos médicos.
- Millones de venezolanos afectados por la crisis alimentaria.
- Migración masiva hacia otras latitudes.
- Procesos educativos y de investigación impactados.
- Deterioro significativo de la industria petrolera, minera y eléctrica.
- Pérdida del poder adquisitivo salarial.
- Inflación e hiperinflación prolongadas.
- Devaluación del bolívar y avance de la dolarización.
Sin embargo, se sostiene que Venezuela presenta actualmente signos de recuperación económica, con un crecimiento del 6,5 % del producto interno bruto señalado por la CEPAL como relevante dentro de un contexto regional complejo. Asimismo, la producción petrolera cerró 2025 en aproximadamente 1.200.000 barriles diarios, y la producción nacional de alimentos muestra niveles de autosuficiencia importantes.
Los sucesos del 3 de enero de este año generaron un punto de inflexión.
Aunque en el plano militar pudo interpretarse como una ventaja táctica estadounidense, en el plano político significó una consolidación interna del liderazgo venezolano, fortaleciendo su capacidad de negociación y obligando a reabrir canales de diálogo.
- Se abrieron negociaciones con autoridades venezolanas.
- Se avanzó en la flexibilización progresiva de sanciones energéticas mediante licencias del Departamento del Tesoro.
- Se permitió mayor participación de empresas internacionales en el sector hidrocarburos.
- Se inició el desbloqueo parcial de activos y la reactivación de mecanismos financieros.
- Se evidencia que cualquier proceso de inversión requiere revisar el propio esquema de sanciones.
- Para la administración venezolana, el reto es mantener la defensa de la soberanía bajo un esquema de negociación ganar-ganar.
- Preservar la paz y mejorar las condiciones socioeconómicas.
- Actuar como factor de estabilidad ante escenarios adversos.
La flexibilización de sanciones es presentada por la vocería estadounidense como una victoria; desde otra lectura, constituye el reconocimiento de que la estrategia de máxima presión no logró el objetivo político de forzar un cambio de poder.
Por: Lic. José Ángel Colmenares
