Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos desde su captura el 3 de enero, pidió ser incluido en la Ley de Amnistía que se discute en Venezuela, según reveló su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, durante una sesión de la Asamblea Nacional. En una llamada telefónica, el exmandatario reclamó que el beneficio no sea solo para opositores y presos políticos, sino también “para nosotros”, en referencia a él mismo y a su círculo más cercano.
De acuerdo con el relato de Maduro Guerra, su padre le dijo textualmente: “Amnistía no solamente para ellos, para nosotros también”, aludiendo al proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que busca otorgar perdón general por delitos de naturaleza política cometidos desde 1999. La petición incluiría también a su esposa, Cilia Flores, detenida junto a él en el operativo estadounidense, y abre un nuevo frente de polémica sobre el alcance real del proceso de reconciliación que impulsa la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
La ley, aprobada en primera discusión, se presenta como una amnistía “general y plena” para hechos de carácter político, pero su borrador limita el beneficio a diez episodios específicos de convulsión social y excluye delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, en línea con el Estatuto de Roma. Especialistas en derecho internacional han advertido que Maduro no podría beneficiarse de la norma debido a las acusaciones que enfrenta por violaciones sistemáticas de derechos humanos, además de los cargos penales que lo mantienen bajo custodia en Estados Unidos.
El propio Maduro, según su hijo, expresó desde su lugar de reclusión respaldo a la “gestión encargada” de Delcy Rodríguez y calificó como “pasos correctos” las decisiones del gobierno interino tras los hechos de enero. Sin embargo, su intento de incluirse en la amnistía ha sido rechazado por partidos de oposición como Alianza Bravo Pueblo, que califican la iniciativa de “farsa” si termina sirviendo para blanquear responsabilidades del chavismo en las dos últimas décadas.
El debate parlamentario sobre la amnistía se encuentra suspendido por desacuerdos en torno al polémico artículo 7, que plantea obligaciones de comparecencia ante la justicia para los beneficiarios. La demanda de Maduro añade presión a unas negociaciones ya complejas y será observada de cerca por la comunidad internacional, incluida la administración de Donald Trump, que ha condicionado cualquier alivio de sanciones al esclarecimiento de delitos y a compromisos verificables en materia de justicia y transición democrática.
