El juicio del expresidente Martín Vizcarra, acusado de recibir S/ 2.3 millones en coimas de constructoras ligadas a su gestión como gobernador de Moquegua, ha entrado en un mes clave. Al menos en lo que se refiere a las medidas que buscan asegurar que se encuentre en territorio peruano el día en que el Poder Judicial anuncie su sentencia.
Desde diciembre pasado, el exmandatario afronta su juicio, donde se enfrenta a una posible condena de 15 años de prisión, sin cumplir ninguna regla de conducta. No es necesario que pida permiso para salir fuera de Lima, no tiene restricciones para declarar sobre su caso ni tiene que pasar por un control ante las autoridades judiciales.
Esto ocurrió luego de que Martín Vizcarra, un frecuente crítico del actual Congreso, se acogió a una ley emitida por este para que se declare vencido su régimen de comparecencia con restricciones, el cual incluía esas reglas de conducta. En consecuencia, la única medida que lo sujeta al proceso en medio de su juicio es un impedimento de salida del país que expirará en un mes: el 4 de julio.
Ese impedimento se le impuso originalmente entre enero del 2024 y enero del 2025. A fines de diciembre pasado, luego de que se quedó sin sus reglas de conducta, la fiscalía solicitó ampliar ese plazo por doce meses más, hasta diciembre de este año.
El juzgado de investigación preparatoria de su caso accedió al considerar que era “altísima la probabilidad de que se imponga una sentencia condenatoria”, pero solo amplió por seis meses. Esto se hizo bajo la proyección que ese plazo era suficiente para que el juicio termine.
Ese cálculo coincidía con el de la fiscalía y el de la mayoría de juristas que analizaron el tema: se trata de un proceso con un solo acusado y de menor complejidad que el de otros casos emblemáticos, como los de los expresidente Alejandro Toledo y Ollanta Humala, o el de la excandidata presidencial Keiko Fujimori.
La realidad y la velocidad con la que ha avanzado el juicio, sin embargo, apuntan a que ese plazo se haya quedado corto.
El estado del juicio
El juicio de Martín Vizcarra está a cargo del Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, presidido por la jueza Fernanda Ayasta. Desde que esta parte del proceso comenzó (ver línea de tiempo), el tribunal viene realizando una sola audiencia por semana.
Esa frecuencia, atribuida a la alta carga de casos que tiene ese juzgado, es señalada por distintas fuentes judiciales como el principal motivo por el cual el juicio de Martín Vizcarra no ha llegado a una sentencia de forma más rápida. Y es también el motivo por el que hay una alta posibilidad de que el impedimento de salida del país venza el 4 de julio sin que haya sentencia, con lo que el acusado llegaría a la fase decisiva de su juicio sin impedimento alguno.
Luego de siete meses de juicio, el juicio está hoy en el final de la fase de ‘pruebas personales’. En concreto, el juzgado está evaluando a los peritos presentados por la defensa de Martín Vizcarra para intentar desbaratar la acusación fiscal.
Línea de tiempo
Así ha avanzado el juicio de Martín Vizcarra
- 28 de octubre 2024: Inicio del juicio y alegatos de apertura de las partes
- 11 de noviembre 2024: Comienzan a declarar los testigos de la fiscalía sobre presunto pago de coimas
- 3 de diciembre 2024: Vizcarra se acoge a ley para quedar sin restricciones, solo con impedimento de salida
- 27 de diciembre 2024: Juez prolonga el impedimento de salida del país de Vizcarra hasta el 4 de julio proyectando que el juicio habrá terminado en esa fecha
- 13 de enero del 2025: Comienzan a declarar los testigos técnicos y los peritos de la fiscalía
- 10 de febrero del 2025: Comienzan a declarar los testigos de la defensa del expresidente
- 5 de mayo del 2025: Comienzan a declarar los peritos de la defensa de Vizcarra
- 2 de junio del 2025: Se prevé que termine de declarar el segundo perito de la defensa
- 9 de junio del 2025: audiencia presencial para la declaración del tercer y último perito de Vizcarra
- 4 de julio del 2025: vence el impedimento de salida del país del expresidente
Las próximas dos audiencias, del lunes 2 y 9 de junio, ya han sido programadas para que allí se continúe con el examen de esos peritos. La segunda será una audiencia presencial debido a que se trata de una pericia contable ofrecida por el abogado del expresidente.
Recién luego de esa fecha, en la audiencia que se realizaría el 16 de junio, el juzgado pasaría a la siguiente fase: la evaluación de pruebas documentales. Según el auto de enjuiciamiento del caso, la fiscalía tiene más de 140 de estas, mientras que la defensa ofreció más de 100.
Cuando se termine con las documentales, las partes podrían presentar un último grupo de pruebas, cuya admisión debe ser evaluada por el tribunal. Tras esto, se llega al tramo final: la declaración e interrogatorio de Martín Vizcarra (solo si este accede); los alegatos de cierre de las fiscalía, procuraduría y defensa; la palabra final del acusado y, finalmente, la sentencia.
Penalistas consultados por este Diario consideraron que es improbable que todo eso se realice antes del próximo 4 de julio -fecha en vence el impedimento de salida del país- si el juicio continúa al ritmo de una sola audiencia por semana. Por su parte, la defensa del expresidente, en diálogo con El Comercio, estimó que el juicio seguiría al menos hasta agosto o septiembre.
Fiscalía busca asegurar su sujeción al proceso
De acuerdo con fuentes de este Diario, la fiscalía mantiene su proyección de que el juicio puede terminar en junio, antes del vencimiento del impedimento de salida del país. Según indicaron, varias de las pruebas documentales ya fueron introducidas durante el avance del juicio y ya no requerirán una nueva evaluación, lo que haría que esa fase del juicio se termine de forma más rápida.
No obstante, en el escenario de que aun así el juicio dure más allá del 4 de julio, el Ministerio Público optaría por requerir una ampliación del impedimento de salida del país. Tampoco se descarta, en caso se obtenga evidencia concreta de un peligro de fuga, una medida más grave como la prisión preventiva.
En una entrevista brindada a El Comercio el mes pasado, el fiscal Germán Juárez dijo que existe una preocupación ante un eventual pedido de asilo de Martín Vizcarra –quien suele referirse a sí mismo como un perseguido político- de cara a su sentencia; en particular luego de queNadine Heredia logró evadir su sentencia por el Caso Lava Jato con esa figura.
En cualquier caso, la fiscalía también cree que lo ideal sería un mayor número de audiencias por semana, en particular cuando está por vencerse el impedimento de salida del país ya vigente y cuando el juicio se acerca a su tramo final.
Se trata de un problema recurrente que ha enfrentado el Equipo Especial Lava Jato en los juicios que llevan en la Corte Superior Nacional: el de Ollanta Humala se realizó a ritmo de una audiencia por semana y demoró más de tres años, mientras que el del Metro de Lima (a cargo del mismo juzgado que el de Martín Vizcarra) se desarrolla con la misma frecuencia y lleva ya casi dos años y medio de duración.
La semana pasada, el presidente de esa corte indicó que el juicio de Susan Villarán tendrá dos a tres audiencias semanales para que llega a una resolución más rápido. Ello abre la posibilidad a que esa misma frecuencia se aplique a otros juicio emblemáticos, en particular uno como el de Martín Vizcarra que involucra a un expresidente y que está por llegar a su fase final.
Por su parte, la defensa de Martín Vizcarra sostiene que no existe “ningún peligro de fuga” por parte del expresidente.
“Es posible que concluya el juicio después del 4 de julio, sí, pero no hay ningún peligro de fuga. lo mismo decían cuando le denegaron la prisión preventiva, lo mismo decían cuando cesamos la comparecencia con restricciones, lo mismo señalaban cuando se solicitó la prolongación de la medida de impedimento de salida del país. El señor Martín Vizcarra sigue acá. ¿Qué peligro de fuga puede existir cuando los hechos están demostrando absolutamente lo contrario?”, dijo el abogado Edwin Siccha.
Consultado por un eventual pedido de la fiscalía para ampliar su impedimento de salida, el abogado afirmó que no les sorprendería y que incluso se allanarían al requerimiento porque están “absolutamente convencidos de la inocencia” del expresidente. En esa línea, también sostuvo que los testigos y los peritos presentados por la defensa están desacreditando la acusación fiscal.
La penalista Cecilia Madrid, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Científica del Sur, consideró que este juicio “definitivamente no acaba en junio” por las pruebas que faltan por evaluarse. “No solo es una lectura de documentos, hay un debate por cada uno”, explicó.
“En este caso, son 140 documentales de la fiscalía y 100 de la defensa. Si todos son diferentes y no hay documentos ofrecidos en común, podríamos indicar que se pueden leer entre 5 a 7 documentos por audiencia, en el mejor de los casos. Con lo cual, solo para actuar la prueba documental necesitarías entre 34 a 48 audiencias. Es decir, cerca de un año solo para prueba documental, si las audiencias son semanales”, estimó.
Ambos penalistas coincidieron en que la fiscalía puede solicitar una ampliación del impedimento de salida del país antes de que esta venza. No obstante, indicaron que para esto, se debe acreditar que persiste el nivel de riesgo de fuga que se consideró para dictar esa misma medida en diciembre pasado.
Por su parte, el penalista Andy Carrión dijo que la etapa de pruebas documentales, que aún no comienza, suele ser la más duradera dentro de un juicio, por lo que es “altamente improbable de que esto culmine en el plazo” que el mismo Poder Judicial había proyectado cuando le impuso el impedimento de salida del país al expresidente. “Siempre salen incidencias. No solamente es leer el documento, sino que intervienen todos los procesados sobre su utilidad, su pertinencia, etc”.
En esa línea, estimó que el juicio podría demorar “unos cuatro meses más, siendo algo conservador” y consideró que la valla para imponer medidas restrictivas a los acusados como Martín Vizcarra se ha elevado con las recientes leyes del Congreso.
En cuanto a que este juicio esté demorando más de lo previsto, lo atribuyó principalmente a “la sobrecarga judicial”.
“Estos jueces también tienen a su cargo otros juicios, pero lo que no hacen es ordenar los casos a nivel de en un nivel idóneo o razonable de prelación. Hay casos en los que siguen juicios orales sin ninguna medida restrictiva que vaya a vencer y ellos tranquilamente podrían llevar el juicio una vez por semana, una vez cada dos semanas. Pero en los que existen medidas de comparecencia o alguna restricción por vencerse, lo que pueden hacer los jueces es acelerar el paso, como ocurrió en el caso de Alejandro Toledo”, indicó.
