El equipo especial Lava Jato de la fiscalía acusa al expresidente Ollanta Humala de haber recibido pagos ilícitos del ‘Club de la Construcción’, derivados de 30 obras adjudicadas durante su gobierno por Provías Nacional, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Según la tesis acusatoria, que es rechazada por la defensa del exmandatario, las entregas de dinero se hicieron en Palacio de Gobierno mediante José Paredes, amigo suyo y hermano del entonces titular del MTC.
La imputación es desarrollada en el requerimiento acusatorio del caso ‘Club de la Construcción’, presentado esta semana por el fiscal Germán Juárez Atoche ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional. El Comercio accedió al documento, de más 5 mil páginas, en el que se desarrollan las conclusiones de la fiscalía luego de una compleja investigación que inició en el 2017 y se cerró el año pasado.
Allí consta que, según la fiscalía, José Paredes llegó a entregar a Ollanta Humala aproximadamente US$ 10.5 millones. También indican que si bien la “comisión estimada de acuerdo a las obras licitadas” era de entre 16 y 18 millones de dólares, esa cifra no se concretó porque algunas empresas no pagaron.
Así, el fiscal Germán Juárez acusa al exmandatario los delitos de cohecho pasivo propio y asociación ilícita para delinquir. Por estos, pide para él una pena de 13 años de cárcel.
La acusación alcanza a 29 personas y a 14 empresa constructoras, entre peruanas y extranjeras con sucursal en el Perú. Entre las personas acusadas hay 19 empresarios (gerentes, representantes y apoderados de empresa), un presunto intermediario de pagos y nueve funcionarios: seis de Provías, un asesor del Viceministerio de Transportes, un ministro del MTC, Carlos Paredes, y un expresidente: Ollanta Humala.
En el documento, la fiscalía define al ‘Club de la Construcción’ como una organización criminal formada por empresas dedicadas “a la construcción de obras y explotación de infraestructura vial”. Su propósito era asegurase la buena pro en licitaciones y concursos públicos de Provías mediante pactos ilícitos (colusión) y pagos ilícitos (cohecho o soborno).
Esta red, de acuerdo con el requerimiento, operaba con un sistema de “cuotas” y “turnos”. Uno de los postulantes a un proceso de selección se conocía de antemano como el ganador y las otras empresas del ‘Club’ postulaba como “competidores simulados para aparentar competencia y licitud”.
La acusación indica que el origen del ‘Club’ se remontaría al 2002. Sin embargo, el periodo bajo investigación este este caso ese del 2011 al 2014, en que su liderazgo se organizó en torno a los representantes de Cosapi, ICCGSA y Obrainsa. Estas tres constructoras han admitido su responsabilidad y hoy cuentan con sentencias de colaboración eficaz por estos hechos.
Estas empresas líderes habrían buscado “captar al gobierno entrante”, el de Ollanta Humala, ante el “riesgo” de que el MTC y Provías dejen de contar con los recursos para sus intereses en las adjudicaciones de obras. De esta forma, la fiscalía alega que al ‘Club’ también se integraron un grupo de intermediarios de sus intereses y de los pagos ilícito, y un grupo de funcionarios en Provías, el MTC y la propia Presidencia de la República.
El contacto con el mandatario, continúa la acusación, se habría logrado o a través de una serie de intermediarios, entre ellos José Paredes y el empresario Rodolfo Prialé, señalado como un operador del ‘Club’.
Acusado
La fiscalía acusa a Ollanta Humala por dos delitos: asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo propio.
Sobre el primero, se le atribuye haber integrado la organización criminal, al darle continuidad al accionar del Club de la Construcción y sus acuerdos. “Integró el componente estructural 3, el brazo de respaldo funcional del ‘Club de la Construcción’, buscando su continuidad delictiva y el logro de su finalidad ilícita”.
Para esto, se le acusa de haber asegurar el presupuesto del MTC para las obras que se adjudicaba el ‘Club’ y la mayor cantidad posibles de licitaciones y concursos en Provías Nacional, así como mantener el “status quo” en esta entidad con la continuidad de funcionarios en esas entidades que venían “sirviendo” al grupo empresarial.
En cuanto al cohecho, se la acusa de haber aceptado el “ofrecimiento de donativo (dinero)” por parte de la alta plana del Club de la Construcción “para omitir sus deberes” como mandatario y no denunciar la corrupción en estas obras. “Con su inercia coadyuvó a mantener el status quo de la operatividad delictiva del Club de la Construcción para obtener altas sumas de dinero”, señala la fiscalía.
También se la atribuye haber omitido su responsabilidad en torno a los fondos público para “permitir el funcionamiento” del club y sus propuestas económicas que implicaban la ampliación de presupuestos para poder cubrir los pagos ilícitos de dinero “a su favor y de otros funcionarios”.
“Se le destinaron pagos ilícitos a través de Rodolfo Edgard Prialé y José Guillermo Paredes Rodríguez, circunscritos a los siguientes procesos de selección”, señala acusación.
Los procesos, según la imputación fiscal, fueron por un total de 30 obras: 23 licitaciones públicas y 7 concursos públicos, todos referidos al mantenimiento, rehabilitación y mejoras de carreteras en distintas regiones del país, principalmente en regiones andinas.
Dos testimonios de colaboradores eficaces citados por la fiscalía describen cómo se habrían hecho esas entregas. El colaborador de clave 14-2018 asegura que tan pronto como Prialé recibía el dinero de los empresarios, entregaba parte del dinero a Carlos García Alcázar en un departamento en el distrito limeño de San Isidro.
“Dinero que hasta donde sé, era entregado a José Paredes Rodríguez, que este a su vez, parte del mismo, se lo entregara a su hermano Carlos Paredes Rodríguez y este a su voz hiciera llegar la parte correspondiente a su amigo Ollanta Humala”, dijo
Por su parte, el colaborador eficaz 04-2019 relató que las entregas de dinero de Carlos García a José Paredes comenzaron el 26 de octubre del 2011, con un primer monto de US$ 200 mil, y que luego hubo “alrededor de 20 adicionales” entre ese año y el 2014.
“Una de estas se produjo el 31 de noviembre del 2021. José Paredes se trasladó de Arequipa a Lima (…) Esta entrega fue de aproximadamente 500 mil dólares y ese mismo día José Paredes entregó el dinero a Ollanta Humala, en su oficina de Palacio, como siempre a José Paredes lo hacían ingresar por la puerta trasera de Palacio”, dijo.
El colaborador añadió que cuando José Paredes tenía el dinero, se lo entregaba al entonces presidente “no sin antes quedarse con su porcentaje”. “Todas las veces que le entregó dinero a Ollanta Humala lo hizo en Palacio de Gobierno en la oficina del expresidente (para lo cual utilizaba un maletín), previa coordinación vía llamadas telefónicas”.
Como dato complementario, la fiscalía señala que se registraron 572 llamadas entre José Paredes Rodríguez y Ollanta Humala en el periodo entre enero el 2011 y mayo del 2014.
El Ministerio Público concluye que García dio a Paredes alrededor US$ 12 millones, de los cuales unos 10.5 millones fueron para Humala. Además, señalan que “en varias ocasiones” Paredes habría ido a la casa del presidente luego de estas entregas y que “algunas veces de cruzaban con su esposa, Nadine Heredia”.
Ollanta Humala rechaza acusación
Defensa sostiene que caso irá al “fracaso”
La defensa legal de Ollanta Humala en este caso, a cargo del abogado Juan Carlos Portugal, rechaza la tesis de la acusación fiscal sobre los supuestos pagos del Club de la Construcción al expresidente.
“El caso se construyó sobre la base de un supuesto colaborador eficaz. Este manifestó que mi cliente recibió dinero de los empresarios. Lo cierto es que los empresarios lo han negado”, dijo a El Comercio luego de conocerse que la fiscalía lo había acusado.
“Dijo también que mi cliente recibió dinero por mantener el status quo en el presupuesto del MTC. Durante la investigación esta afirmación ha sido descartada por los testigos de la fiscalía. (…) El colaborador se prueba consigo mismo. El fiscal usa este argumento circular que lo conducirá al fracaso del caso”, añadió
Por otro lado, remarcó que «mientras más se investigaba, más se venía desmoronando la imputación contra mis clientes, Ollanta Humala y Nadine Heredia». «El año pasado, la Fiscalía excluyó a ambos del delito de colusión agravada. Cerca de cuatro años de investigación y logramos cerrar esa imputación», dijo.
El abogado agregó que espera ser notificado de la acusación para “tomar las acciones legales” previstas de cara al control de acusación del caso.
En un tuit publicado la semana pasada, luego de conocerse que la fiscalía lo había acusado por el caso ‘Club de la Construcción’, Ollanta Humala aseguró que defenderá su innocencia «en instancias judiciales».
El Club y el gobierno de Humala
Los hechos narrados en los siguientes párrafos se toman de la tesis de la acusación fiscal.
Según esta, la llegada de Ollanta Humala a Palacio causó preocupación en el ‘Club’ por la posibilidad de que su gestión priorizara dar presupuesto a obras sociales por encima de obras públicas. Por ello, buscaron contactos con el nuevo gobierno a través de quien es señalado como su principal intermediario: Rodolfo Prialé.
Los contactos se habrían establecido mediante el empresario Eduardo Sobenes, Carlos García Alcázar (quien luego sería asesor del viceministerio de Transportes) y José Paredes, hermano del ministro Carlos Paredes. El fiscal sostiene que, tras unas primeras reuniones entre ellos, el propio Ollanta Humala accedió a que se le dé un cargo a García, lo que fue visto por el ‘Club’ como “muestra del respaldo o protección gubernamental”.
En octubre del 2011, se indica que José Paredes se reunió con la “plana mayor” del club: representantes de ICCGSA, Obrainsa, Cosapi; Carlos García y Rodolfo Prialé. Este último lo presentó como el hermano del ministro y se le expuso cómo operaba el club. Luego, se acordó que los empresarios debían pagar “una dádiva aproximadamente del 3% del costo directos de las obras a funcionarios”, pagos que se debían coordinar con Prialé. De ese 3%, 2.35% serían ofrecidos a “las altas esferas del gobierno”.
El mismo día, de acuerdo con el Ministerio Público, José Paredes se reunió con Ollanta Humala en Palacio de Gobierno para contarle cómo operaba el club y “el dinero que podría obtener de él”. Los empresarios necesitaban, a cambio, que no se disminuya el presupuesto del MTC para inversiones en carreteras y asegurar que se contaba con “la economía necesaria para contratar bajo los intereses del ‘club’, por encima de valor referencial que se asignaba en cada proceso”. También le indicó que el referido 3% incluía una comisión para el propio Paredes y, si aceptaba, para él también.
Ollanta Humala habría contestado que necesitaba conversar previamente con Nadine Heredia, ante lo que Paredes lo increpó y le dijo que era un “saco largo”. “Sí pues, ella es mi mejor primer ministro, tengo que saber su opinión”, respondió el mandatario, según la acusación. Días después, concluye el requerimiento fiscal, el mandatario accedió.
La ex primera dama Nadine Heredia también fue investigada por este caso, pero la fiscalía ha solicitado que se archive el proceso en lo referido a ello, al no haberse hallado evidencia suficiente para acusarla.
