En la estructura de la presunta organización criminal conocida como “Los Waykis en la Sombra”, Violeta Ruiz Sánchez (58) es ubicada por la fiscalía como una “operadora regional”. Y habría cumplido ese rol mientras fungía como subprefecta de la provincia de Santa Cruz (Cajamarca), cargo en el que fue designada en marzo de 2023, ya en la gestión de la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, ahora se sabe que, para ingresar a ocupar ese cargo, Ruiz Sánchez habría presentado documentación falsa al Ministerio del Interior (Mininter).
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Violeta Ruiz es investigada por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) desde agosto del año pasado, al ser incluida en las pesquisas fiscales contra la presunta red que encabezaría el hermano presidencial, Nicanor Boluarte. Se le atribuye ser coautora del presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal.
Cargos a cambio de dinero
Según las indagaciones fiscales, Violeta Ruiz Sánchez recibió el encargo —a principios de mayo de 2023— de “captar a personas de confianza” para que sean designados como autoridades políticas “a cambio de un pago económico”. Y, luego, coadyuven también a recabar las fichas de afiliación para la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú (CPP). Todo ello, con el visto bueno de Nicanor Boluarte, apunta la fiscalía.
Poco antes, en marzo, desde la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter se había nombrado a Ruiz como subprefecta provincial de Santa Cruz de Cajamarca; una de las regiones claves donde se habría instrumentalizado a las autoridades políticas, con cobros que habrían variado entre los S/3.500 y S/5.000 por acceder a un cargo.
Un aspirante a colaborador eficaz con clave CE-02-2024 aseguró al Ministerio Público el tener conocimiento que Ruiz y otro personaje “pedían dinero para el nombramiento de subprefectos”. Sobre todo, pesa en su contra el señalamiento de haber requerido el pago de S/5.000 a Melva Rodas Santa Cruz, a fin de que pueda ser designada como subprefecta distrital. La propia Rodas ha dado su testimonio de ello a la fiscalía.
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“En una oportunidad me reuní con la señora Violeta Ruiz Sánchez (…) le pregunté sobre los requisitos y ella me dijo que no había ningún requisito, pero que había un problema, que tenía que pagar S/5.000 por el puesto, que ese dinero no era para ella sino para DINA, refiriéndose a la actual presidenta del Perú, Dina Boluarte”, indicó Rodas en su declaración, a la que accedió El Comercio. Sin embargo, esta no sería la única petición.
Por estos señalamientos, Ruiz Sánchez es ubicada en la misma estructura de la presunta organización criminal denominada “Los Waykis en la Sombra”, por debajo de los denominados “mandos medios” —que habrían tenido a su cargo la coordinación regional— y que encabezaría el hermano de la actual jefa del Estado, Nicanor Boluarte.
Documentación irregular
Pero a las pesquisas por presunta organización criminal, Ruiz Sánchez también suma una indagación efectuada por la contraloría y que ha concluido advirtiendo presunta responsabilidad penal en su contra. Esto al determinarse que habría presentado documentación fraguada para poder acceder al cargo de subprefecta.
El 7 de febrero de 2023, Sánchez remitió a la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter su hoja de vida documentada, solicitando ser considerada como subprefecta provincial en Cajamarca. Y tal como lo requirió, fue nombrada el 17 de marzo, mediante resolución directoral publicada en El Peruano.
Uno de los documentos que presentó fue un “certificado de trabajo” membretado de fecha 4 de enero del 2019, donde se asegura que Violeta Ruiz Sánchez había laborado en el área de asuntos sociales de la Minera La Zanja S.R.L. —una subsidiaria de Buenaventura— por más de 13 años, entre el 1 setiembre del 2005 hasta el 31 de diciembre del 2018. Hasta ahí, todo iba bien.
Sin embargo, la contraloría empezó a indagar la autenticidad de la documentación presentada por Ruiz y otras autoridades políticas. Fue así que cursaron a la misma minera un pedido para que confirme la veracidad de la información contenida en el certificado de trabajo. Su respuesta es clara.
“Cumplimos con informar que el certificado de trabajo y la información que contiene no fueron emitidos por la Minera La Zanja S.R.L. y, a su vez, informamos que Minera La Zanja S.R.L. no tiene registro de que la señora Violeta Ruiz Sánchez haya mantenido un vínculo laboral con nuestra empresa”, se respondió desde la compañía a órgano de control.
Además, también se apunta que la persona que supuestamente firmó el certificado como representante legal “no mantenía vínculo laboral” alguno con la empresa durante ese período que se emitió.
“Lo que hace evidenciar que este documento es falso o inexacto; no obstante, la señora Violeta Ruiz Sánchez, a sabiendas que incluyó este documento en su hoja de vida documentada para ser designada en el cargo, viene ejerciendo función pública”, determinó el ente de control.
Las conclusiones de la contraloría, donde se advierte presunta responsabilidad administrativa y penal “por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito”, fueron notificadas el 28 de noviembre al titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez. También a la procuraduría del sector para que tome acciones legales.
Los primeros días de diciembre pasado, Ruiz tuvo que ser retirada del Mininter indefectiblemente, a pesar de que –desde el 2023– ya se conocían señalamientos en su contra. Sin embargo, esto no le ha impedido continuar frecuentando sedes ministeriales.
TENGA EN CUENTA:
Este Diario intentó entrevistar a Ruiz Sánchez para este informe, pero no fue posible. Indicó –vía WhatsApp– que trabajó para la minera La Zanja “por mucho tiempo”, pero “por una empresa contratista” y aseguró que no tenía conocimiento del informe de la contraloría. No respondió por el certificado en cuestión.
Tampoco respondió sobre las indagaciones fiscales en su contra. Dijo desconocer el estado en el que se encuentran y por qué la han involucrado. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»
