Tras la suspensión de Delia Espinoza por decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el fiscal supremo Pablo Sánchez —el de mayor antigüedad en el Ministerio Público— asumió el cargo de fiscal de la Nación de manera interina, en un nuevo episodio de la inestabilidad que vive el Ministerio Público.
La designación de Sánchez se formalizó mediante una resolución publicada en edición extraordinaria de “El Peruano” el último domingo, luego de que se interrumpiera el mandato de Espinoza de tres años (2024-2027).
Fuentes de El Portavoz señalaron que Sánchez no pretende mantenerse en el cargo. Por motivos personales, habría decidido limitar su interinato a un breve período de transición.
Las mismas fuentes informaron que ha convocado a una sesión de la Junta de Fiscales Supremos para este lunes a las 9 de la mañana, con el objetivo de elegir al nuevo titular mediante votación por mayoría simple.
Un precedente refuerza esa intención: en diciembre del 2023, cuando Patricia Benavides fue suspendida por seis meses, Sánchez también fue designado interino por antigüedad, pero declinó. En su lugar, la titularidad del Ministerio Público recayó en Juan Carlos Villena, quien lo encabezó hasta noviembre de 2024.
Transición
La elección de un fiscal de la Nación interino se debe a que Espinoza fue suspendida por seis meses el último viernes, por desacatar la orden de reponer a Patricia Benavides en la jefatura del Ministerio Público.
La fragilidad de la institución, sin embargo, no empezó con Espinoza. En la última década, la jefatura del Ministerio Público ha estado marcada por salidas abruptas y denuncias que minaron la credibilidad de sus titulares.
Pedro Chávarry, por ejemplo, tuvo que renunciar en el 2019 ante las denuncias de su vinculación con la organización “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Luego, en el 2024, Patricia Benavides fue destituida como fiscal de la Nación en medio de una investigación que la sindica como presunta líder de una organización criminal al interior del Ministerio Público.
¿Qué está en juego?
La elección del nuevo fiscal de la Nación interino recae en la Junta de Fiscales Supremos, integrada por Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez, Patricia Benavides y Juan Carlos Villena.
De ese grupo, el único que no ha ejercido el cargo es Gálvez, quien volvió a la institución a mediados de este año luego de que el Tribunal Constitucional anulara un proceso disciplinario en su contra. Sin embargo, su retorno está marcado por las investigaciones abiertas que enfrenta por presunta organización criminal y tráfico de influencias en los casos “Los Cuellos Blancos del Puerto” y “ONPE”.
En este contexto, especialistas advierten que la disputa no se limita a un simple relevo administrativo, sino que podría definir la estabilidad de una institución golpeada por las presiones políticas.
El abogado penalista Rafael Chanjan considera que uno de los principales riesgos es la falta de continuidad. “Es un panorama complejo, sobre todo desde un punto de vista institucional. Lo que correspondería es tener un fiscal de la Nación estable por el periodo que constitucionalmente está estipulado. Los constantes cambios no permiten implementar una planificación sólida frente a los grandes desafíos del Ministerio Público, como la inseguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”, señaló a El Comercio.
Chanjan añadió que la legitimidad del nuevo titular dependerá de su trayectoria y de su capacidad para mantenerse independiente: “Lo ideal sería que quien asuma la Fiscalía de la Nación represente imparcialidad y autonomía. Para eso, hay que revisar la trayectoria y los posibles conflictos de interés de los fiscales supremos que participen en la elección”, dijo.
Además, advirtió que el futuro de las investigaciones más sensibles estará directamente ligado a la solidez del nuevo liderazgo: “El próximo fiscal debe fortalecer la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado y garantizar que las fiscalías anticorrupción y el equipo especial del caso Lava Jato trabajen protegidos de presiones políticas externas e incluso de presiones internas”.
Por su parte, el penalista Vladimir Padilla señaló que el diseño mismo del sistema agrava la crisis: “La peor opción que hemos adoptado es que el fiscal de la Nación sea un fiscal supremo en funciones. En países como Chile, la figura es distinta: el fiscal nacional es alguien externo, encargado principalmente de labores administrativas”.
Para Padilla, el reto inmediato es lograr consensos. “El fiscal de la Nación debe gobernar junto con los fiscales supremos, no por encima de ellos. Lo principal es construir acuerdos para fortalecer a la institución”.
