Lima y Callao amanecieron este martes 4 de noviembre con una notable paralización en el sistema de transporte urbano. Diversos gremios de transportistas iniciaron un paro indefinido en respuesta al incremento de la inseguridad y los casos de extorsión que afectan a conductores y empresarios del sector. La protesta, que incluye la suspensión de miles de unidades y la realización de marchas y bloqueos en avenidas principales, busca llamar la atención de las autoridades frente a una problemática que sigue agravándose, pese al estado de emergencia vigente en la zona.
Las organizaciones convocantes denuncian una ola de violencia que se expresa en asesinatos, amenazas y cobros extorsivos por mafias que operan en distintas rutas del Callao y zonas periféricas de Lima, como Mi Perú, Pachacútec y Ventanilla. Los líderes gremiales exigen mayor presencia policial, operativos focalizados y garantías para la labor diaria de los conductores, remarcando la falta de respuestas efectivas por parte del Estado.
El paro ha tenido gran impacto en la movilidad urbana: más de 8.000 buses, pertenecientes a unas 300 empresas, suspendieron operaciones, generando largas esperas y aglomeraciones en paraderos, así como dificultades para el desplazamiento de la ciudadanía. En paralelo, unas 200 empresas han decidido no sumarse a la protesta, manteniendo el servicio con el objetivo de preservar el derecho al transporte y continuar el diálogo institucional con el gobierno.
Las autoridades locales han instado a los transportistas a deponer la medida y emplazan a un proceso de negociación, mientras refuerzan el patrullaje en los focos críticos y garantizan el monitoreo de la seguridad ciudadana. El municipio de Lima y la Presidencia del Consejo de Ministros han anunciado la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional para atender de manera urgente la problemática de la extorsión en el sector transporte.
El paro deja como panorama inicial una ciudad semiparalizada, con manifestaciones en puntos estratégicos y reclamos visibles contra la inseguridad, el sicariato y la violencia estructural. Los ciudadanos, afectados en su rutina cotidiana, coinciden en la necesidad de soluciones inmediatas y efectivas para recuperar la normalidad y la seguridad en el transporte público.
