El Gobierno peruano aprobó el VI Plan de Acción de Estado Abierto 2026–2027, con el que busca consolidar un modelo de gestión pública más transparente, participativo y colaborativo entre el Estado y la ciudadanía. La iniciativa fue oficializada mediante decreto supremo y se enmarca en los esfuerzos del país por modernizar la administración pública y responder a la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
El plan concentra once compromisos nacionales diseñados a través de un proceso inclusivo y participativo, liderado por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de ministros, con la intervención de organizaciones de la sociedad civil, academia y entidades estatales. Cada compromiso fue validado por las instituciones responsables de su ejecución, que garantizaron su viabilidad técnica, operativa y presupuestal, en concordancia con el marco normativo vigente.
Con este instrumento, el Perú atiende recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ha instado al país a consolidar un enfoque de “Estado Abierto” y a fortalecer la colaboración entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto con la sociedad civil. Además, el plan reafirma el compromiso peruano con la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), de la que es miembro desde 2012, y apunta a mejorar la confianza ciudadana a través de mayores niveles de transparencia, rendición de cuentas y participación en las políticas públicas.
