El Perú enfrenta un preocupante retroceso en materia de seguridad alimentaria, con indicadores que han vuelto a niveles de hace más de una década, según recientes informes basados en el Índice Global del Hambre (IGH).
Aunque el país se ubica en la categoría de “hambre bajo” a nivel general, la situación revela profundas desigualdades territoriales: al menos ocho regiones —principalmente de la sierra— presentan niveles “graves” de inseguridad alimentaria. Entre ellas destacan Pasco, Huancavelica, Loreto, Cajamarca, Puno, Huánuco, Arequipa y La Libertad.
El informe advierte que los avances logrados en años anteriores se han estancado, e incluso revertido, situando al país en cifras comparables a las registradas hace 15 años. Este deterioro evidencia que la recuperación económica posterior a la pandemia ha sido insuficiente para garantizar el acceso equitativo a alimentos.
A nivel nacional, la problemática es aún más amplia: más del 50% de la población peruana enfrenta inseguridad alimentaria moderada o severa, lo que equivale a millones de personas sin acceso regular a alimentos suficientes y nutritivos.
Especialistas señalan que el problema no radica en la disponibilidad de alimentos, sino en la capacidad adquisitiva de las familias, afectada por factores como la inflación, la desaceleración económica y las brechas estructurales entre regiones.
El escenario se agrava en zonas rurales y andinas, donde persisten mayores niveles de pobreza y menor acceso a servicios básicos, mientras que algunas regiones costeras muestran mejores indicadores gracias a su dinamismo económico.
El repunte del hambre en el Perú plantea un desafío urgente para las políticas públicas, que deberán enfocarse no solo en la producción, sino en garantizar el acceso real a los alimentos, especialmente en las zonas más vulnerables del país.
