Con la finalidad de enfrentar con mayor eficacia la delincuencia y criminalidad organizada que azota a la ciudadanía, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció una nueva estrategia policial: el 50% de efectivos usará uniforme y el otro 50% vestirá como civil.
El plan comenzó a ejecutarse desde ayer en San Juan de Lurigancho (SJL) y Los Olivos, como parte de la ampliación del estado de emergencia en la capital y el Primer Puerto.
“Es la medida que tomaremos para hacer frente a la delincuencia y criminalidad, que viene atacando a las empresas de transporte. El plan funciona a partir de hoy (ayer)”, subrayó Tiburcio al ser consultado sobre qué mejoras traerá la ampliación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao.
Una fuente del Ministerio del Interior (Mininter) explicó a Perú21 que el ‘plan 50-50’ consiste en que el 50% de policías estará uniformado y su labor será desplegar acciones preventivas en toda la ciudad; mientras que el otro 50%, compuesto por policías mimetizados (de civil), realizará labores de inteligencia operativa en distintos lugares de Lima y Callao.
De acuerdo con Tiburcio, el Mininter replanteará el estado de emergencia, con mayor presencia de policías y militares en las calles, y los cambios serán percibidos por la población.
“Vamos a seguir con la declaratoria del estado de emergencia, porque no podemos darle más tregua a la delincuencia. Si bien es cierto hemos dado un paso firme, vamos a seguir dando dos o tres pasos más, seguir con este proceso”, dijo, tras aclarar que el presidente José Jerí ha descartado, por ahora, la implementación del toque de queda.
Por su parte, Jerí manifestó que en los primeros 30 días de la medida de excepción, “se ha controlado el crecimiento de la delincuencia y criminalidad”, pero todavía falta “disminuirlo”.
“Estamos en el día 26 del estado de emergencia en Lima y Callao. Evidentemente, el estado de emergencia va a continuar. No nos estamos amilanando. Se está instalando un puesto de comando temporal en el Callao para articular esfuerzos y dar tranquilidad a la población, más aún cuando estamos cerca de Navidad”, detalló el jefe de Estado.
ATENTADOS NO CESAN
En tanto, la violencia contra los transportistas sumó nuevos y graves episodios durante la madrugada de ayer.
En San Martín de Porres (SMP), un grupo de delincuentes abrió fuego contra el portón del patio de maniobras de la empresa El Rápido, ubicado en la avenida Chuquitanta.
Los atacantes dispararon repetidamente contra la estructura metálica. Los peritos de criminalística hallaron seis impactos visibles en el portón y ocho casquillos de bala en la zona.
Agentes de la Policía acordonaron el área y recogieron evidencias, mientras vecinos expresaron temor ante la escalada delictiva. “Estamos con miedo de subir a los servicios públicos. Solo pedimos seguridad”, dijo un residente a RPP.
Horas después, en Puente Piedra, un incendio de gran magnitud redujo a cenizas cinco buses de la empresa Pegaso Express en su cochera de la avenida Valle Hermoso.
El brigadista Simar Caballero, jefe de la Segunda Brigada de Bomberos de Lima Norte, informó que las llamas consumieron por completo cinco unidades y dañaron parcialmente un sexto vehículo. Los buses formaban parte de la ruta Zapallal–Villa El Salvador.
La emergencia generó alarma entre los vecinos del asentamiento humano Jesús Oropeza, aunque no dejó heridos. La Policía y el Ministerio Público investigan si se trató de un atentado vinculado a bandas extorsivas que operan en Lima Norte.
En medio de estos hechos, Martín Ojeda, vocero de un sector de los transportistas formales, advirtió que ya no firmará más actas de acuerdo con el Ejecutivo ante la falta de resultados frente al crimen organizado.
Cuestionó además la utilidad del estado de emergencia vigente desde octubre. “¿El estado de emergencia sirve? Siguen matando”, declaró a Panamericana TV.
Recordó que el sector ya agotó su paciencia tras el paro del 4 de noviembre y demandó acciones inmediatas. “Un país crece a base de resultados, no a base de promesas”,
remarcó.
SABÍA QUE
- Para Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, la estrategia del Gobierno es insuficiente, porque no enfrenta los problemas estructurales que alimentan la extorsión y el crimen. “Falta abordar control de comunicaciones extorsivas”, dijo.
- Según el especialista, atacar ambos delitos requiere una respuesta basada en análisis de redes sociales, mensajería electrónica, llamadas telefónicas, y seguimiento de flujos financieros.
