El presidente de la República, José Jerí, se reunió con dirigentes de los gremios de transporte urbano en una carpa instalada en la plazuela de Acho, en el distrito del Rímac, en plena jornada de paro que ha paralizado gran parte del servicio en Lima y Callao. La cita, realizada en medio de fuertes reclamos por la ola de extorsiones y asesinatos contra transportistas, no logró que los dirigentes depongan la medida de fuerza convocada para este 14 de enero.
Un diálogo a pie de calle
Cerca de las 9 de la mañana, Jerí llegó a la carpa habilitada en Acho para encabezar una mesa de diálogo con representantes de diversas empresas y asociaciones de transporte que acatan el “apagado de motores”. Acompañado de ministros y funcionarios del sector, el mandatario escuchó los testimonios de choferes y dirigentes, quienes demandaron una estrategia efectiva del Gobierno para frenar las extorsiones, atentados y asesinatos que sufren a diario.
Durante el encuentro, el presidente anunció que este fin de semana quedará lista y publicada la reglamentación de la norma que endurece las sanciones contra el crimen organizado vinculado al transporte, medida que fue aprobada en noviembre pasado. También reiteró su disposición a coordinar acciones con la Policía Nacional y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para reforzar la seguridad en rutas críticas y combatir la informalidad.
Pese al gesto político de instalar la carpa y acudir personalmente al diálogo, sectores del gremio han mostrado distancia frente a la presencia presidencial. Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacionales Independientes (Asotrani), calificó el encuentro como un “show mediático” y sostuvo que la manifestación es precisamente contra la falta de acción del Ejecutivo frente al crimen organizado.
Los dirigentes insisten en demandas como “muerte civil” para vehículos informales, un “plan antimafia” integral que ataque la red de organizaciones criminales y el reconocimiento pleno de derechos laborales e indemnizaciones para las familias de víctimas de sicariato. Hasta el cierre de la jornada, la decisión mayoritaria fue mantener el paro, al considerar que no existen aún compromisos concretos y verificables del Gobierno.
Según voceros de los transportistas, más de 22.000 unidades han dejado de circular en Lima y Callao, lo que ha generado largas colas en paraderos, hacinamiento en otros sistemas de transporte y un alza significativa de tarifas en servicios informales. La paralización afecta principalmente a trabajadores y estudiantes que se desplazan desde los conos norte, sur y este hacia el centro de la ciudad, en un contexto ya marcado por el temor a la violencia.
La ATU y el Gobierno han activado planes de contingencia con operadores que no se han sumado al paro, pero el servicio continúa siendo limitado en varias rutas troncales. Los gremios, por su parte, han advertido que podrían repetir medidas similares si no se observa una reducción tangible de los ataques y extorsiones en las próximas semanas.
