La ola de protestas que se inició en Irán a fines de diciembre de 2025 se intensificó este martes, con manifestaciones en múltiples ciudades del país en medio de un severo colapso económico y restricciones comunicacionales impuestas por el Gobierno. Las movilizaciones, que comenzaron como rechazo al deterioro de las condiciones de vida y la depreciación de la moneda nacional, han derivado en un enfrentamiento sostenido entre la población y las autoridades.
Organizaciones de derechos humanos, con base en reportes recopilados hasta hoy, señalan que más de 500 personas han fallecido y al menos 10 000 han sido detenidas en el marco de las protestas, que ahora abarcan al menos 186 ciudades y regiones del país. Las autoridades respondieron con cortes prolongados de internet y control de las comunicaciones, lo que ha dificultado la verificación independiente de los hechos y ha limitado el acceso a información desde el interior iraní.
La crisis se ha trasladado al ámbito internacional: países como Estados Unidos y Australia recomendaron a sus ciudadanos abandonar Irán ante el agravamiento de la violencia y la incertidumbre. Además, líderes políticos extranjeros han sugerido que el régimen podría estar cerca de sufrir un debilitamiento significativo debido a la respuesta represiva y la persistente desafección social.
Este contexto convulso ocurre mientras la economía iraní enfrenta presiones adicionales por sanciones y la caída de la moneda local, factores que avivan el malestar ciudadano y complican la estabilidad interna. La evolución del conflicto tiene potenciales repercusiones regionales y desafíos para la diplomacia internacional en Medio Oriente.
