Un día después del sorpresivo ajuste en el Gabinete Ministerial y del criticado nombramiento de Juan José Santiváñez en Justicia y Derechos Humanos, la presidenta Dina Boluarte encabezó la ceremonia de cambio de guardia en Palacio de Gobierno (que tuvo la presentación del Ballet Folclórico Nacional), flanqueada por todos sus ministros, incluyendo al censurado ex titular del Interior.
Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron que este gesto público ha sido un claro respaldo de Boluarte a Santiváñez, luego de que un sector del Congreso, principalmente, Renovación Popular, Avanza País, la izquierda y los no agrupados, cuestionaran el regreso de Santiváñez a solamente cinco meses de haber sido destituido por el propio Parlamento.
Otras fuentes indicaron que la salida de Enrique Alcántara del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, posterior, ingreso del polémico abogado se debió a que a la presidenta Boluarte “no le gustó” la defensa que hizo este de la ley de amnistía a militares y policías.
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Santiváñez, en concreto, solo estuvo un par de semanas fuera del gobierno, porque a fines de marzo, la mandataria lo designó como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, que está adscrita al Despacho Presidencial. Por sus servicios en este puesto, el abogado recibía una remuneración de S/17 mil al mes.
(Foto: Presidencia Perú)
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Entre el 1 y 22 de agosto, el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos tuvo 20 reuniones en Palacio de Gobierno, una de ellas con el coronel PNP Edgar Paredes Montenegro, gerente general del Fondo de Vivienda Policial (FOVIPOL). Este fue designado por Santiváñez, cuando aún era titular del Mininter, a pesar de que el alto oficial fue sentenciado, en primera instancia, a 8 años de cárcel por corrupción en Junín.
Fuentes de Palacio de Gobierno señalaron que la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental se mantendrá y que en los próximos días se designará al sucesor del abogado.
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“Es una falta de respeto”
El secretario general de Transparencia, Omar Awapara, enfatizó que el retorno de Santiváñez al Gabinete Ministerial es “como una falta de respeto a la ciudadanía y al control político del Congreso que puede ejercer la interpelación y la censura”. “Que haya sido censurado como ministro del Interior y ahora sea nombrado en Justicia, a pocos meses, es una burla a la acción previa del Parlamento”, manifestó.
En comunicación con El Comercio, Awapara refirió que, si bien aún no existe una prohibición legal a esta situación, la falta es de corte político y ético.
“Si el Congreso tomó la decisión de remover a esta persona y el Ejecutivo lo pone en otra cartera es irrespetuoso e inmoral, denota que la presidenta no tiene consideración por las normas democráticas”, remarcó.
Awapara advirtió que el regreso de Santiváñez puede significar “un posible intento” por parte del Ejecutivo de “reformar la justicia” y que tome la bandera, que ya enarbola un sector del Congreso, de un eventual retiro del Perú de la Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
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El politólogo indicó que aquellas bancadas que respaldaron la destitución del abogado como titular del Interior- Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Bloque Democrático y la Bancada Socialista-deben mantener la misma postura y “proceder con una nueva censura” ahora que fue nombrado ministro de Justicia y Derechos Humanos.
A su turno, el presidente de Proética, Julio Pérez Alván, sostuvo que, si Santiváñez ya había sido destituido por el Congreso, “la presidenta no debió haberlo repuesto” en el Gabinete Ministerial.
“Espero, por el bien del país, aunque ya sabemos que al gobierno no le interesan las encuestas, no cree más temas controversiales y debe reevaluar este nombramiento”, expresó a este Diario.
Pérez-Alván, además, exhortó al Congreso a pronunciarse en defensa de sus fueros y de la decisión que adoptaron meses atrás.
“Si bien una censura, no impide que la presidenta pueda volver a nombrar a esa persona, en el pleno moral y ético es un golpe al mismo Congreso que lo censuró y para los ciudadanos en general”, lamentó.
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Imita a Castillo
El ex jefe de Gabinete Ministerial Pedro Cateriano recordó que no es la primera vez en el actual quinquenio que un ministro censurado vuelve al gobierno luego. “El Parlamentó destituyó a Betssy Chávez como ministra de Trabajo y después Pedro Castillo la nombró primera ministra […] Ahora Boluarte copia esto. ¿Qué hará el Congreso?”, subrayó.
(Foto: Andina)
En declaraciones a El Comercio, Cateriano Bellido afirmó que “lo lógico y lo sano” para el sistema democrático es que el Parlamento vuelva a censurar a Santiváñez.
“Lo normal sería eso, que actúen en consecuencia. De no hacerlo, sería una muestra más de todas las atrocidades que han cometido políticamente y de manera unidad el gobierno y el Congreso”, complementó.
El ex primer ministro dijo que, en múltiples oportunidades, el Parlamento y el gobierno de Boluarte han actuado de manera coordinada, como en la reciente promulgación de la ley de amnistía y en el archivo de las denuncias constitucionales en contra de la mandataria.
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El exprocurador José Ugaz, por medio de su cuenta de X (antes Twitter), calificó de “vergonzoso” el nombramiento de Santivañez, al recordar que fue censurado y que en la actualidad tiene un impedimento de salida del país.
“Lo peor es que tiene impedimento moral. Presidenta sincera a su chacal en la búsqueda de impunidad para ella y otros criminales”, escribió.
Silencio congresal
Este Diario intentó comunicarse con los representantes de Somos Perú, Fuerza Popular, Perú Libre y Acción Popular- bancadas que controlan el Congreso a través de la Mesa Directiva- a fin de conocer su postura sobre el retorno de Santiváñez, pero no respondieron a nuestras llamadas.
El secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, refirió que es la presidenta Boluarte la que debe responder por sus decisiones.
Agregó que su partido aún no ha analizado el nombramiento de Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos.
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Desde el Ejecutivo, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, respaldó el regreso del cuestionado abogado al Gabinete Ministerial, al sostener que con su “experiencia le va a dar otro dinamismo” a la cartera de Justicia y Derechos Humanos.
En declaraciones a RPP Noticias, Castro sostuvo que el exministro del Interior sufrió “acoso” por parte del Ministerio Público, al ser preguntado por las investigaciones que tiene, entre ellas por presunto abuso de autoridad y supuestos actos de corrupción.
“Hay que recordar que hubo un acoso sobre él por parte de la Fiscalía de la Nación. Tres allanamientos en un corto periodo”, acotó.