tandard & Poor’s ratificó la calificación crediticia de Perú en grado de inversión, al mantener la nota ‘BBB-’ para la deuda de largo plazo en moneda extranjera y ‘BBB’ para la deuda en moneda local, ambas con perspectiva estable. La decisión reconoce la solidez relativa de los fundamentos fiscales y externos del país, pero subraya que la inestabilidad política continúa siendo el principal lastre para un desempeño económico más robusto.
En su informe soberano, S&P Global Ratings destaca que Perú conserva un marco macroeconómico prudente, con niveles de deuda pública moderados y un historial de disciplina fiscal que respalda la continuidad del grado de inversión. La agencia valora también la posición externa del país, apoyada en buenos términos de intercambio y en la fortaleza de sectores como la minería, que generan divisas y sostienen la cuenta corriente.
Para 2025, la calificadora proyecta un crecimiento económico en torno al 3%, con un producto per cápita cercano a 9.800 dólares, cifra inferior a la de otros emisores con calificación similar. Este diferencial evidencia, según S&P, rezagos estructurales en productividad, infraestructura y calidad institucional que limitan el potencial de expansión de la economía peruana.
El informe advierte que casi una década de inestabilidad política ha frenado la capacidad del país para implementar reformas de calado que impulsen el crecimiento a tasas más altas y sostenibles. La agencia menciona la fragilidad de la relación entre Ejecutivo y Congreso, la rotación de autoridades y el bajo respaldo ciudadano como factores que deterioran la gobernanza y la previsibilidad de las políticas públicas.
S&P señala que, aunque el Perú ha logrado mantener disciplina fiscal en medio de crisis políticas, la persistencia de este entorno eleva los riesgos de decisiones de corto plazo y de presiones sobre el gasto público. De cara al ciclo electoral de 2026, la calificadora prevé que la incertidumbre política seguirá siendo un elemento central en la valoración de riesgo del país.
La agencia indica que una mejora de la calificación soberana requeriría señales claras de mayor estabilidad política, fortalecimiento institucional y un crecimiento del PBI más alto y sostenido que eleve de forma tangible el ingreso per cápita. También valora como positivo el mantenimiento de la regla fiscal y la consolidación de un déficit controlado, cercano al 2,2% del PBI, como ancla de credibilidad.
En el escenario opuesto, S&P advierte que un deterioro significativo de la posición fiscal, el abandono de la disciplina macroeconómica o un agravamiento de la crisis política podrían ejercer presión a la baja sobre la calificación. De momento, la perspectiva estable refleja un balance entre la solidez de los fundamentos económicos y los riesgos derivados del contexto político.
