El Tribunal de Apelación de París dispuso este lunes la liberación del expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien cumplía tres semanas de prisión en la cárcel de La Santé. La decisión, adoptada bajo estrictas condiciones de control judicial, se produce en medio de un proceso judicial que mantiene en vilo a la clase política francesa y reabre el debate sobre los límites de la justicia frente a los líderes políticos.
Sarkozy, condenado en octubre a cinco años de prisión —dos de ellos firmes— por asociación ilícita y corrupción, había sido acusado de recibir presuntos fondos del régimen libio de Muamar el Gadafi para financiar su campaña presidencial de 2007. Su defensa alegó que el ingreso en prisión era una “medida desproporcionada” y solicitó su liberación inmediata, argumentando que el expresidente no representa riesgo de fuga ni posibilidad de alterar pruebas.
El tribunal acogió parcialmente estos argumentos, decretando su excarcelación bajo control judicial. Entre las condiciones impuestas se incluyen la prohibición de abandonar el territorio francés, la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales y la restricción de mantener contacto con otros imputados, entre ellos el actual ministro de Justicia, Gérald Darmanin.
En una breve declaración a la prensa tras abandonar la prisión, Sarkozy expresó que vivió su detención como “una pesadilla profundamente injusta”, reiterando su inocencia y afirmando que “la verdad prevalecerá”. Su equipo legal ha confirmado que continuará con el proceso de apelación, cuya audiencia se prevé para el primer semestre de 2026.
El caso ha reavivado las divisiones políticas en Francia. Mientras sectores conservadores acusan a la justicia de actuar con motivaciones políticas, dirigentes de izquierda subrayan la importancia del precedente, recordando que ningún funcionario, por alto que sea su cargo, debe estar por encima de la ley.
Analistas coinciden en que la liberación de Sarkozy, aunque limitada, representa un punto de inflexión en su batalla judicial. La medida no lo exime de responsabilidad penal, pero le permitirá participar en su defensa en libertad, mientras la fiscalía evalúa nuevas pruebas relacionadas con presuntas transferencias de dinero desde Libia a Francia durante su mandato.
