Donald Trump elevó la tensión con el gobierno de Nicolás Maduro al anunciar que Estados Unidos se quedará con el petróleo venezolano transportado en buques incautados cerca de las costas de Venezuela y que también mantendrá retenidas esas embarcaciones. El presidente señaló que el crudo podría destinarse a la Reserva Estratégica de Petróleo de su país o eventualmente venderse en el mercado internacional, mientras Caracas y sus aliados denuncian la medida como un acto de “piratería” y “expolio energético”.
En una rueda de prensa en Palm Beach, Florida, Trump afirmó que su gobierno “va a quedárselo” en referencia al petróleo interceptado y a los tanqueros bajo control estadounidense. “Puede que lo utilicemos para las reservas estratégicas. También nos quedamos con los barcos”, declaró al detallar las operaciones navales realizadas en las últimas semanas.
Entre los cargamentos confiscados destaca un petrolero muy grande incautado el 10 de diciembre frente a la costa venezolana, con más de un millón de barriles de crudo a bordo, al que el mandatario describió como “el más grande jamás incautado”. Días después, las autoridades estadounidenses informaron de la interceptación de un segundo buque y de gestiones para capturar un tercero presuntamente vinculado a operaciones sancionadas.
La Casa Blanca enmarca estas medidas en una campaña de máxima presión contra el régimen de Maduro y contra redes que, según Washington, usan flotas “oscuras” y empresas pantalla para mover crudo sancionado y financiar a aliados como la Guardia Revolucionaria iraní o Hezbollah. Trump sostuvo que la retención del petróleo actúa también como una forma de “compensación” por la inestabilidad regional y por la expulsión de empresas estadounidenses del sector petrolero venezolano.
Además del decomiso de buques, el presidente ordenó un bloqueo “total y completo” a los petroleros sancionados que entren o salgan de puertos venezolanos, reforzado con presencia militar y de guardacostas estadounidenses en el Caribe. El mandatario incluso advirtió que podría extender los operativos, hoy centrados en el mar, hacia objetivos en tierra si considera que representan una amenaza para Estados Unidos.
El gobierno de Nicolás Maduro calificó la incautación de buques y crudo venezolano como un “robo descarado” y un “acto de piratería internacional”, y anunció que recurrirá al Consejo de Seguridad de la ONU y a otros organismos multilaterales. Caracas sostiene que el petróleo y los barcos pertenecen legalmente a Venezuela o a sus socios y que la operación viola el derecho internacional, la libre navegación y el libre comercio.
Socios de Venezuela como Rusia y China también han criticado la decisión, describiéndola como “expolio energético” y advirtiendo de que sienta un precedente peligroso en la aplicación extraterritorial de sanciones económicas. Analistas señalan que esta escalada puede endurecer aún más el aislamiento diplomático entre ambos países y complicar cualquier intento futuro de negociación.
Estados Unidos podría incorporar parte de este crudo a su Reserva Estratégica de Petróleo, lo que le daría un margen adicional de maniobra en un contexto de volatilidad en los mercados energéticos. Sin embargo, especialistas advierten que apropiarse de cargamentos incautados abre un debate sobre la legalidad internacional de la medida y podría generar litigios prolongados en tribunales internacionales.
Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero exporta hoy volúmenes muy inferiores a los de hace una década, ve en estos decomisos un nuevo golpe a sus menguados ingresos. En paralelo, la decisión de Trump alimenta la percepción de que Washington está dispuesto a usar su poder militar y financiero no solo para bloquear, sino también para aprovechar en su beneficio el crudo de países sancionados.
