Un juez federal de Estados Unidos rechazó la petición de la defensa de Nicolás Maduro para que se archivaran los cargos de narcoterrorismo y otros delitos, pese a que el exmandatario venezolano alegó que no puede pagar a sus abogados debido a las sanciones económicas impuestas a su país.
El juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, se negó a desestimar el proceso penal que enfrenta el expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien sostiene que las sanciones de Washington impiden que el Estado venezolano cubra los honorarios de su defensa legal. La decisión se produjo en una extensa audiencia en la que los abogados del exgobernante argumentaron que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) revocó sin explicación una licencia que, inicialmente, había autorizado el uso de fondos del gobierno venezolano para costear el equipo jurídico.
Maduro, detenido en Estados Unidos desde enero tras una operación militar que lo sacó del poder, asegura que no cuenta con recursos personales suficientes y que su derecho constitucional a una defensa adecuada se ve vulnerado si no se le permite acceder a dinero estatal para sufragar a sus abogados privados. La Fiscalía replicó que las sanciones responden a consideraciones de “seguridad nacional y política exterior” y que autorizar pagos desde cuentas vinculadas al gobierno venezolano socavaría el régimen sancionador, por lo que, en su criterio, el acusado puede recurrir a un defensor público si demuestra insolvencia.
Pese a mantener vigentes los cuatro cargos que pesan sobre Maduro —entre ellos conspiración para el narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína a Estados Unidos—, el juez Hellerstein cuestionó en audiencia la rigidez de la posición del Departamento de Justicia respecto al bloqueo de fondos para la defensa. El magistrado recordó que el derecho a contar con asistencia letrada es un pilar del sistema judicial estadounidense y pidió al Gobierno justificar con mayor precisión por qué impedir a Caracas financiar a los abogados de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, seguiría siendo necesario ahora que ambos se encuentran bajo custodia y fuera del poder.
El caso se desarrolla en un contexto de recomposición de las relaciones entre Washington y Caracas, luego de que Estados Unidos reconociera a un nuevo gobierno en Venezuela tras la captura de Maduro y flexibilizara parte de las sanciones petroleras y financieras. No obstante, las medidas dirigidas específicamente contra el exmandatario y contra el uso de activos venezolanos en territorio estadounidense se mantienen, mientras la justicia avanza en un proceso que podría sentar precedentes sobre el alcance de las sanciones cuando éstas impactan en el financiamiento de la defensa de acusados extranjeros.
