La economía venezolana se encuentra en un escenario complejo y de contrastes a medida que concluye el año. Diversas fuentes oficiales y proyecciones internacionales reflejan tanto avances como desafíos persistentes en la trayectoria económica del país.
Según datos oficiales reportados en días recientes, el presidente Nicolás Maduro afirmó que la economía venezolana crecerá alrededor del 9 % en 2025, consolidando más de 18 trimestres consecutivos de expansión económica, con expectativas de un crecimiento de 7 % para 2026. La estimación se basa en el desempeño agregado del producto interno bruto (PIB), impulsado principalmente por el sector petrolero y una recuperación gradual de otras actividades productivas.
Los datos oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV) también señalan aumentos en los sectores claves: la actividad petrolera registró un crecimiento significativo en trimestres previos y la industria no petrolera mostró expansión moderada, lo que contribuyó a la tendencia general de crecimiento.
A pesar de estas cifras oficiales, organismos internacionales ofrecen una perspectiva contrastante. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la economía venezolana podría crecer apenas 0,5 % en 2025, con una contracción esperada para 2026, y anticipa un repunte significativo de la inflación en ese período. Las estimaciones del organismo están condicionadas por la falta de datos oficiales consistentes y la persistente incertidumbre macroeconómica.
Este contraste de cifras refleja la complejidad del entorno económico venezolano. Por un lado, las autoridades resaltan el crecimiento y la continuidad de la recuperación; por el otro, analistas y organismos internacionales advierten sobre riesgos estructurales como la elevada inflación, la volatilidad del tipo de cambio y la dependencia de los ingresos petroleros. Estas tensiones se dan en un contexto global incierto y de sanciones internacionales que siguen afectando la actividad económica y financiera del país.
En términos sociales, la inflación y la depreciación de la moneda continúan erosionando el poder adquisitivo de los hogares, lo que exige políticas más sólidas para fortalecer la estabilidad macroeconómica y mejorar las condiciones de vida de la población.
