Gobierno de Venezuela anunció la terminación de los acuerdos de suministro de gas con Trinidad y Tobago, tras acusar a esa nación caribeña de colaborar con Estados Unidos en la reciente incautación de un buque petrolero venezolano y de permitir el acceso militar estadounidense a sus aeropuertos, lo que Caracas calificó de “actos hostiles y violaciones al derecho internacional”.
La información oficial señala que el Ejecutivo venezolano considera la conducta de Puerto España como una participación indirecta en operaciones que afectan la soberanía energética del país. La decisión se tomó en el contexto de un aumento de la presión diplomática y militar ejercida por Estados Unidos en la región, donde se han registrado medidas coercitivas contra embarcaciones cargadas con crudo venezolano.
Autoridades de Trinidad y Tobago respondieron calificando las acusaciones como infundadas y reafirmaron que sus acciones buscan fortalecer la seguridad interna, aunque reconocieron el despliegue de instalaciones radárico-logísticas con apoyo estadounidense. Analistas advierten que el severo deterioro en las relaciones bilaterales podría repercutir negativamente en un sector energético ya tensionado por sanciones y fluctuaciones de los mercados petroleros.
A nivel interno, mientras tanto, la población enfrenta un clima de incertidumbre diplomática y política que se entrelaza con eventos sociales y cotidianos, como reflejó un concurrido encuentro hípico en Caracas, señalado por testigos como un espacio de esparcimiento frente a la actual coyuntura nacional.
