La empresa de transporte Vipusa atraviesa una crisis sin precedentes: ante las constantes amenazas de muerte de bandas de extorsionadores, un grupo creciente de choferes ha decidido migrar a España y otros países, mientras la flota que operaba en Lima se reduce drásticamente.
Extorsión y paralización del servicio
En los últimos días, conductores y cobradores de Vipusa paralizaron sus labores tras recibir mensajes de texto en los que se les exigía el pago de cupos bajo amenaza de atentados armados contra las unidades que salieran a ruta. La empresa, que cubre el eje norte–sur de la capital entre distritos como Ancón y Villa El Salvador, llegó a operar cerca de 400 buses, pero hoy mantiene menos de 50 unidades en circulación por temor de su personal a convertirse en nuevas víctimas.
Dirigentes del gremio del transporte informaron que alrededor del 30% de los choferes ha renunciado en las últimas semanas, lo que obliga a suspender recorridos completos y deja a miles de usuarios sin servicio en horas punta. Algunos trabajadores han optado por cambiar de rubro y pasar al transporte de carga pesada, considerado por ellos una actividad menos expuesta a la acción de los extorsionadores.
Choferes miran a España
Una parte de los conductores ha decidido dejar el país y buscar oportunidades laborales en el extranjero, principalmente en España, donde existe demanda de choferes profesionales. Según testimonios recogidos por la prensa, cada mes salen grupos de trabajadores de Vipusa con destino a ciudades españolas, con la intención de instalarse junto a sus familias lejos del clima de inseguridad que se vive en Lima.
Aunque no se ha formalizado el cierre definitivo de la empresa, la reducción de su flota, las renuncias masivas y los proyectos migratorios de sus choferes hacen temer un retiro progresivo de Vipusa del mercado local si el Estado no logra contener las amenazas y atentados. Para los usuarios de los corredores que esta línea cubre desde hace décadas, la posible salida de la compañía implicaría rutas más saturadas, mayor tiempo de espera y una oferta de transporte aún más golpeada por la delincuencia.
