Desde hace un año y cuatro meses, Vladimir Cerrón, se encuentra prófugo de la justicia. No obstante, desde la clandestinidad, días atrás solicitó su reincorporación como docente universitario de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP).
La solicitud fue presentada pese a que según registros de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), el prófugo fundador de Perú Libre (PL) aún mantiene vigente un impedimento para prestar servicios al Estado.
Desde la Universidad del Centro confirmaron a El Comercio que el requerimiento se encuentra en el área de asesoría legal. Sin embargo, precisaron, aún no se le ha dado trámite al mismo pues existen otras solicitudes presentadas por terceras personas que deben ser atendidas por orden de prelación.
Además, aseguraron que no existe un plazo para darle trámite al requerimiento de Cerrón Rojas. Indicaron que, para no adelantar opinión, no se pronunciarían hasta que se inicie la tramitación y evaluación del pedido presentado por el prófugo exgobernador regional de Junín.
“Ya está en asesoría legal el documento solicitando su reincorporación del doctor Vladimir Cerrón; sin embargo ellos van a esperar el trámite correspondiente, pues hay varios documentos que han ingresado; y recién van a evaluar, por el momento no tienen ningún informe y lo que harán es atender, pero de acuerdo al orden de llegada. No hay un tema de plazos para que le den prioridad.”
Vocero de la UNCP
Cerrón Rojas, a través de sus redes sociales, señaló que había solicitado su reincorporación como docente universitario, pues fue destituido del cargo en el 2019, debido a la sentencia suspendida de cuatro años que se le impuso por el Caso La Oroya.
Este Diario se comunicó con dos abogados de Cerrón Rojas, quienes evitaron dar comentarios. Otros dos abogado del prófugo exfuncionario, no respondieron.
Como se recuerda, a fines de marzo del 2025 y en un fallo en mayoría, el Tribunal Constitucional (TC) favoreció a Cerrón Rojas en el proceso de hábeas corpus que interpuso y anuló su condena por el delito de negociación incompatible.
Además, tanto el TC como la Corte Suprema del Poder Judicial, también anularon la condena efectiva de tres años y seis meses, que se le impuso en el Caso Aeródromo Wanka por el delito de colusión.
A ello, se suma la reciente decisión del Poder Judicial, que acabó de imponerle “comparecencia simple” en el denominado “Caso Antalsis”. El juez Richard Concepción Carhuancho decidió no pronunciarse sobre el pedido de prisión preventiva que había hecho la fiscalía, señalando que las medidas impuestas al prófugo, habían vencido en el 2020.

Vladimir Cerrón y el Caso «Antalsis»
PJ le otorgó comparecencia simple
El juez Richard Concepción Carhuancho dispuso que el prófugo Vladimir Cerrón, afronte el proceso por el «Caso Antalsis» bajo comparecencia simple. En este caso, el fundador de Perú Libre (PL) es investigado por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir (Organización criminal) y colusión agravada; y hasta días atrás tenía comparecencia restringida.
La fiscalía había solicitado que se le imponga 18 meses de prisión preventiva por haber infringido las reglas de conducta, mientras que la defensa de Cerrón había pedido que se le imponga comparecencia simple.
Según la resolución a la que accedió El Comercio, el juez Concepción Carhuancho señaló que, para evaluar la revocatoria del mandato de comparecencia con restricciones por prisión preventiva del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas por incumplimiento de dos reglas de conducta, la medida de comparecencia restringida debía estar vigente.
Sin embargo, al momento de resolver el pedido, la medida cautelar ya estaba vencida. Por tanto, no existía medida que variar y tampoco reglas impuestas que analizar.
«En efecto, el mandato de comparecencia con restricciones impuesto al investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas ya habría vencido el 18 de enero del 2020, circunstancia que impediría evaluar el requerimiento de revocatoria del mandato de comparecencia por prisión preventiva del mencionado investigado, en vista que al no existir mandato de comparecencia con restricciones vigente, en igual sentido se habrían extinguido las reglas de conducta que se le impuso», señaló el juez.
Como se recuerda, el mandato de prisión contra Cerrón Rojas por este caso, fue anulado hasta en dos oportunidades por la sala superior.
En esa línea, el magistrado también explicó que carecía de objeto emitir pronunciamiento sobre el pedido de la defensa del prófugo para la variación del mandato de comparecencia por restricciones por comparecencia simple.
Finalmente, de oficio, declaró la extinción de la comparecencia con restricciones y le impuso comparecencia simple a Cerrón Rojas.
Allanamiento del local de Perú Libre
0 seconds of 59 secondsVolume 0%En la investigación están involucrados el suspendido gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón y dirigentes del partido Perú Libre.
Una orden de captura vigente y un impedimento de Servir
Al momento de publicar este informe, sobre Cerrón Rojas pesa una orden de prisión preventiva por 24 meses, la misma que lo mantiene prófugo de la justicia hasta la actualidad.

La medida, como se recuerda, fue confirmada por la Sala de Apelaciones Nacional en la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del Caso Aportes a Perú Libre.
En este caso, tal como lo ha adelantado El Comercio, su defensa ha solicitado la variación de la prisión preventiva por otra medida menos gravosa ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria que analizará dicho pedido este 24 de abril a las 9:00 de la mañana.
Junto a ello, Cerrón Rojas aparece en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) de Servir, con una sanción vigente que le impide de manera “permanente” prestar servicios al Estado.
Cabe precisar que meses atrás, cuando tenía impedimento de inhabilitación debido a las condenas impuestas, estas también figuraban en dicho registro. No obstante, al haberse anulado las condenas penales, dicha inhabilitación fue anulada también.
HASTA MARZO DEL 2025, SERVIR MANTENÍA TRES IMPEDIMENTOS CONTRA VLADIMIR CERRÓN. DOS DERIVADOS DE SENTENCIAS QUE LUEGO FUERON ANULADAS:

En la actualidad, el RNSSC mantiene activa la sanción de “impedimento legal permanente para prestar servicios en el Estado”, según la consulta realizada por este Diario el último martes 22 de abril.
Ello, derivado del proceso administrativo al que fue sometido y que concluyó con una sanción “por faltas graves en su desempeño” como extrabajador de Essalud. Ello, por no haberse presentado a trabajar, luego de haber excedido la licencia sin goce de haber que se le otorgó como médico en la Red Asistencial Junín-Essalud.
SANCION DE IMPEDIMENTO PARA PRESTAR SERVICIO AL ESTADO VIGENTE:

Guido Bellido y Arturo Cárdenas
0 seconds of 4 minutes, 1 secondVolume 0%Guido Bellido coordina con Arturo Cárdenas el pago de la reparación civil de Vladimir Cerrón.
¿Es viable su reincorporación?
Los abogados Andy Carrión y Carlos Caro, especialistas en derecho penal, analizaron los escenarios y aspectos sobre la procedencia o no de la reincorporación solicitada por el prófugo Vladimir Cerrón.
El penalista Andy Carrión señaló que en este caso existen dos tipos de análisis: el análisis estrictamente penal y el análisis universitario institucional.
Explico, no obstante que segundo análisis (universitario institucional), depende del primero porque este fue consecuencia de una sentencia condenatoria firme, en su oportunidad
Recordó que, cuando se emiten sentencias condenatorias firmes, diversas instituciones toman medidas. Por ejemplo, si es por un delito de agresión sexual no puede ser profesor en los colegios; o si es por corrupción, se le inhabilita de la docencia en diversas instituciones, incluyendo las universitarias.
Por ello, acotó, cuando se anula una sentencia, también se anulan otras medidas derivadas como la inhabilitación.
“Todo esto está gatillado por la sentencia firme, porque en rigor sí cometiste un delito; O sea, eres un delincuente a efectos del Código Penal y del reglamento institucional. El problema surge cuando esta calificación de sentencia firme es anulada, como es el caso de Vladimir Cerrón; y aquí, quien ha anulado esa sentencia es el Tribunal Constitucional. Entonces, aquí cambian las cosas, porque ese requisito, de la sentencia condenatoria, ya desapareció. Es decir, ese estatus o figura jurídica ya es inexistente, y lo único que hay son procesos, pero por eso no puede ser suspendido”, sostuvo.
En ese contexto, precisó, sí sería procedente que se le pueda otorgar la reincorporación; más aún, cuando ya no tiene ninguna sentencia condenatoria, pues tanto la del Caso La Oroya como la de Aeródromo Wanka, al día de hoy, fueron anuladas; y no tiene sentencia, ni siquiera en primera instancia.
Sobre el impedimento permanente, generado de un proceso ante Servir, Carrión Zenteno recordó que existe un principio en el derecho administrativo denominado “principio de causalidad”, es decir que en este caso un hecho ajeno haya originado su ausencia a laborar, por lo que analizando el derecho de manera favorable al sancionado, también podría ser reincorporado.
“El problema es que si se recurre al principio de causalidad; y pese a que esos eventos posteriores no dependen directamente de la condena, pero sí, por ejemplo, causaron la ausencia o una inasistencia, eso se relaciona con la sentencia ¿Por qué? Porque cuando se emite una sentencia, la Constitución no dice que uno tiene derecho a fugarte, pero sí tienes derecho a disentir de las decisión. Entonces, si lo interpretas por ese lado, porque la administración tiene que interpretar favorecedoramente, entonces creo que sí le correspondería. Y eso creo que es lo que puede alegar, que ese impedimento son producto de la sentencia condenatoria.”
Andy Carrión, abogado penalista.
Finalmente, Carrión Zenteno consideró que la prisión preventiva no supondría un impedimento legal, en el caso de Cerrón, para que sea reincorporado como docente universitario.
A su parecer, desde el punto de vista legal, al ser una medida cautelar, por sí misma, la prisión preventiva “no genera una medida administrativa”. “Es decir, es una medida cautelar en un proceso de investigación, no hay una condición de culpabilidad que le impida el ejercicio de un cargo. Puede estar con prisión preventiva y dar clases virtuales”, expresó.
Por su parte, el penalista Carlos Caro, explicó que debido a las sentencias condenatorias que se le impusieron a Cerrón Rojas, esto implicaba la inhabilitación para el servicio público, como en la Universidad del Centro, que es una entidad pública del Estado. Por ello, ahora, al desaparecer la inhabilitación junto con la nulidad de la sentencia, entonces dicha inhabilitación ya no estaría vigente.
No obstante, precisó, podrían existir otros impedimentos que le impidan acceder a un puesto en el Estado o incluso, por ejemplo, que su plaza como profesor en la referida universidad ya no exista.
“Cuando él era profesor, tenía una plaza, como profesor a tiempo completo o tiempo parcial, porque son plazas que se van creando según la necesidad; entonces la universidad ya no lo tomó en cuenta y cubrió dicha plaza. En todo caso, si la plaza aún fuese para él, no necesariamente va a regresar de inmediato. Sin embargo, cumplir los requisitos para que retorne implica que no debe tener ningún impedimento, pero si tiene un impedimento que proviene de SERVIR, por razones X,Y o Z, o que emane de otros procedimientos, no lo pueden reincorporar.”
Carlos Caro, abogado penalista.
Otro detalle adicional, señaló Caro Coria, es que Cerrón Rojas tiene un mandato de prisión preventiva vigente y actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Por tanto, ello es un impedimento para crear una plaza, porque él no podría enseñar si tiene un mandato de prisión preventiva, más aún tratándose de medicina en una universidad pública donde las clases son presenciales.
Incluso, señaló, aún cuando las clases fuesen online, no existe justificación para que le permitan su reincorporación como docente universitario.
“Es un prófugo de la justicia, el Estado no puede soportar dos verdades, vamos a decirlo así. Una verdad judicial, porque tiene mandato de prisión preventiva; y por otro lado, el Estado soportando otra verdad siendo profesor online. Eso no podría ser aceptado desde el punto de vista legal, sería una contradicción”, sostuvo.