En Venezuela, la restricción de internet y del espacio digital se ejecuta mediante un entramado de leyes restrictivas y mecanismos tecnológicos de vigilancia y censura, diseñados para controlar la narrativa pública y suprimir la disidencia.
Marco Legal Restrictivo
El Estado utiliza leyes con lenguaje ambiguo para criminalizar expresiones legítimas en línea
Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley RESORTE): Reformada en 2010 para incluir el ámbito digital, prohíbe mensajes que «fomenten zozobra», «desconozcan a las autoridades» o «alteren el orden público».
Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia: Es el instrumento principal para criminalizar el disenso en redes sociales, imponiendo penas de hasta 20 años de prisión por publicaciones consideradas «incitación al odio».
Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo (2024): Impone multas elevadas y penas de hasta 30 años de cárcel a quienes, a través de medios digitales, promuevan sanciones internacionales o «mensajes de odio».
Proyecto de Ley contra el Fascismo: Propone prohibir mensajes que el Estado califique como «fascistas», con sanciones que incluyen la revocatoria de concesiones y multas desproporcionadas.
Consejo Nacional de Ciberseguridad (2024): Creado por decreto para realizar un monitoreo constante de incidentes telemáticos y solicitar información a entidades privadas.
Mecanismos Tecnológicos y Tácticas de Censura
El control se ejerce mediante acciones técnicas directas contra la infraestructura y los usuarios
Bloqueo de Sitios Web y Dominios: Se han documentado bloqueos activos contra más de 200 dominios, afectando principalmente a portales de noticias independientes y plataformas de organizaciones de derechos humanos.
Restricción de Plataformas y Redes Sociales: El Gobierno ha implementado bloqueos deliberados contra X (Twitter), Signal, TikTok y YouTube para limitar el flujo de información veraz.
Bloqueo de DNS y VPN: Para impedir que los ciudadanos evadan la censura, la estatal CANTV bloquea servidores DNS públicos (como los de Google y Cloudflare) y ataca sitios web de servicios VPN.
Vigilancia y Extracción de Datos: Se ha reportado el uso de dispositivos como el «chupacabras» (tecnología UFED de Cellebrite) para extraer información de teléfonos celulares de personas detenidas. Además, los cuerpos de seguridad realizan revisiones forzadas de teléfonos en la vía pública.
Aplicaciones de Delación: El Gobierno impulsó la app VenApp y el sistema 1×10 del Buen Gobierno para fomentar que los ciudadanos denuncien a sus vecinos por «desinformación» o protestas.
Patrones de Persecución Digital
Operación Tun-Tun: Una campaña de detenciones arbitrarias que utiliza redes sociales para difundir videos de arrestos y confesiones forzadas, buscando intimidar a quienes expresan críticas en línea.
Anulación de Pasaportes: Se utiliza como represalia contra periodistas y activistas digitales para limitar su movilidad y silenciar su labor de denuncia internacional.
Este ecosistema ha provocado que la libertad en internet en Venezuela sea calificada como «No libre», situando al país entre los diez peores del mundo en esta materia debido al aislamiento digital de su población.
La hegemonía comunicacional en Venezuela se define como una estrategia premeditada del Estado para asegurar que los medios controlados por el Gobierno sean más abundantes y asequibles que los privados, suprimiendo sistemáticamente la información adversa al poder. Esta política ha afectado profundamente a la prensa independiente a través de un entramado legal restrictivo, cierres forzosos, persecución de periodistas y censura digital.
Los principales impactos identificados
El asedio a través del «legalismo autocrático»
Nuevas leyes restrictivas: Recientemente se han sumado la Ley de Fiscalización de las ONG (que afecta a medios que operan bajo esta figura jurídica) y el proyecto de Ley contra el Fascismo, que amenaza con la revocatoria de concesiones y multas desproporcionadas por difundir lo que el Estado califique como «mensajes fascistas».
Cierre masivo de medios y asfixia financiera
La prensa independiente ha sufrido una drástica contracción debido a medidas administrativas y económicas:
Solo en 2024 se registró el cierre de 23 medios de comunicación, de los cuales 21 eran emisoras de radio regionales, eliminando canales vitales de denuncia ciudadana.
Control de insumos y multas: El Estado ha utilizado la denegación estratégica de divisas para comprar papel periódico, forzando al menos a 37 diarios a reducir su circulación o cerrar. Además, se imponen multas excesivas para presionar cambios en las líneas editoriales.
Pérdida de pluralismo: Mientras que en 1998 el 100% de los periódicos eran independientes, para 2014 esa cifra había caído al 56%.
Criminalización y persecución de periodistas
El ejercicio del periodismo independiente se ha convertido en una actividad de alto riesgo, especialmente tras las elecciones de julio de 2024:
Detenciones arbitrarias: Al menos 20 periodistas y trabajadores de medios permanecían privados de libertad hasta mediados de 2025, acusados de delitos graves como terrorismo o incitación al odio sin respeto al debido proceso.
Hostigamiento físico y digital: Los reporteros enfrentan agresiones durante coberturas, confiscación de equipos y la anulación de sus pasaportes como medida de castigo.
Cambio de oficio y exilio: La violencia estatal ha obligado a muchos comunicadores a renunciar a sus trabajos, cambiar de profesión o huir del país para resguardar su integridad.
La censura en el espacio digital
Ante el cierre de medios tradicionales, el régimen ha trasladado la represión al ámbito digital:
Bloqueo de sitios web
Restricción de redes sociales
Vigilancia tecnológica
La hegemonía comunicacional ha transformado el ecosistema de medios en Venezuela en uno caracterizado por la autocensura, la desinformación y el aislamiento digital de la población, donde la supervivencia de la prensa independiente depende hoy de estrategias para burlar la censura técnica y el acoso judicial.
Este informe detalla el deterioro de la libertad de expresión en Venezuela durante el primer cuatrimestre de 2025, documentando un patrón de persecución estatal que persiste tras el ciclo electoral de 2024. A través de un análisis estadístico y casuístico, el texto expone cómo la censura, la intimidación y las detenciones arbitrarias —especialmente contra trabajadores de la prensa— se han convertido en pilares de un ecosistema dominado por la autocensura.
Víctimas y victimarios
Los trabajadores de la prensa (14) y los particulares (12) fueron las principales víctimas, acumulando entre ambas categorías el 51% de los registros. Las páginas web (9), la ciudadanía en general (6), medios de comunicación (6) y los trabajadores públicos (2) completan la lista de víctimas. En esta ocasión, las violaciones en contra de los trabajadores de la prensa no se han limitado a las detenciones anteriormente mencionadas, por lo que el accionar de instituciones judiciales en contra de estos es cada vez más frecuente.
Con relación a los victimarios, las instituciones del Estado (42) ocupan el primer lugar, seguido por operadoras privadas (21) y cuerpos de seguridad (16). Estos tres actores concentran el 91% de los casos. El 64% de los casos se registraron en internet, tendencia que se mantiene en incremento desde hace varios años. Con respecto a la ocurrencia por ubicación geográfica, el Distrito Capital ocupa el primer lugar acumulando el 7% de los registros, seguido por Táchira con el 5% y por Bolívar, Miranda y Zulia, quienes consolidan un 4% cada uno de ellos.
