Un presunto ciberataque contra los sistemas de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha encendido las alarmas sobre la seguridad digital de la institución. Un grupo de ciberdelincuentes asegura haber accedido a información sensible de agentes policiales y estaría ofreciendo a la venta unas 300 mil carpetas con datos personales y operativos a través de la dark web.
Según los reportes difundidos en las últimas horas, el material comprometido tendría un tamaño aproximado de 7,8 gigabytes e incluiría información vinculada a efectivos policiales, como números de identificación, referencias familiares, códigos internos y registros operativos relacionados con dependencias especializadas de la institución. Los atacantes habrían fijado un precio de 700 dólares para acceder al paquete de información.
El grupo responsable del presunto ataque se identifica como “Latam Fuckers”, organización que publicó mensajes en foros clandestinos para demostrar que posee los archivos. Como prueba de autenticidad, los ciberdelincuentes habrían filtrado parte de los registros sustraídos mientras intentan encontrar compradores interesados.
Especialistas en ciberseguridad advirtieron que aún debe determinarse si la información fue obtenida mediante una vulneración externa de los sistemas informáticos o si se trató de una filtración interna. En ambos escenarios, el caso revela posibles debilidades en los mecanismos de protección de datos de una de las instituciones más sensibles del Estado.
Tras la difusión del caso, la Policía Nacional informó a través de sus canales oficiales que la información que circula en algunos medios y redes sociales se encuentra bajo evaluación y verificación por parte de las áreas especializadas.
El incidente ocurre en un contexto de creciente preocupación por los ataques informáticos contra entidades públicas peruanas. En los últimos meses se han reportado vulneraciones a diferentes organismos estatales, lo que ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar las capacidades de ciberseguridad y protección de infraestructura crítica en el país.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance real de la filtración, verificar la autenticidad de los archivos ofrecidos y establecer responsabilidades penales en caso de confirmarse el acceso ilícito a bases de datos oficiales.
