Miles de conductores de transporte público en Lima acatarán un paro total el jueves 5 de marzo, con apagado de motores y bocinazos, para exigir la aplicación efectiva de la Ley N.° 32490 contra extorsiones, promulgada durante el gobierno de José Jerí.
Demanda principal del gremio
La Asociación de Transportistas del Servicio Urbano del Perú (ATSUPER) y Asotrani denuncian que la norma, que ofrece compensaciones a víctimas y deudos de choferes asesinados, no se implementa pese a nueve empresas afectadas por extorsiones y ataques armados. Exigen activación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), corredores seguros en 43 distritos limeños, cambios en jefaturas policiales y resarcimiento para familias sin cobertura de seguros como el SIS.
Antecedentes y críticas
Más de 8.000 choferes se concentrarán en plazas 2 de Mayo o San Martín para marchar al Congreso y Palacio de Gobierno, ante la ola de homicidios y amenazas que dejan a trabajadores desprotegidos. Dirigentes como Frank Gómez Santillana y Walter Carrera critican la falta de diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros y leyes que favorecen la impunidad criminal. La protesta responde a operativos policiales insuficientes y ausencia de avances en la ley de Jerí, pese a mesas previas en el Congreso.
