Una profesora universitaria denunció haber recibido amenazas de muerte luego de negarse a aprobar a un estudiante señalado por presuntos vínculos con actividades criminales. Los mensajes intimidatorios exigían que el alumno fuera promovido y advertían que, de lo contrario, ella y su familia sufrirían represalias.
De acuerdo con la denuncia, la docente comenzó a recibir llamadas y mensajes en los que los autores afirmaban que el estudiante «tiene que graduarse cueste las vidas que cuesten». Ante la gravedad de las amenazas, decidió acudir a las autoridades y solicitar medidas de protección.
El caso ha generado preocupación en la comunidad educativa, que advierte sobre el creciente riesgo que enfrentan los docentes cuando grupos delictivos buscan influir en las decisiones académicas mediante la intimidación. Organizaciones de profesores han pedido una investigación exhaustiva y garantías para que los educadores puedan ejercer su labor sin presiones ni amenazas.
Las autoridades informaron que ya se iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables de las amenazas y determinar si estas están relacionadas con una organización criminal. Asimismo, se evalúan medidas de seguridad para proteger a la docente mientras avanzan las diligencias.
Este episodio ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar la seguridad en los centros educativos y de establecer mecanismos que protejan la independencia de los docentes frente a cualquier intento de coacción o violencia.
