El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intensificó las medidas de seguridad en los establecimientos penitenciarios de Piura, Cajamarca y Trujillo, como parte de las acciones destinadas a impedir que organizaciones criminales coordinen extorsiones y otros delitos desde las cárceles.
La institución dispuso cambios en la conducción de tres importantes centros penitenciarios de la zona norte del país, en medio de una estrategia orientada a recuperar el principio de autoridad y reforzar las labores de inteligencia y control.
Joel Quezada Márquez asumió la dirección del penal de Piura; Milton Guevara Mendoza fue designado al frente del establecimiento penitenciario de Cajamarca; mientras que José Cabanillas Noriega asumió la conducción del penal de Trujillo.
Los nuevos responsables deberán fortalecer los mecanismos de seguridad e inteligencia penitenciaria y aumentar la coordinación con otras instituciones para evitar que internos vinculados con bandas u organizaciones criminales continúen planificando actividades ilícitas desde los establecimientos de reclusión.
Entre las medidas adoptadas figura el fortalecimiento de las labores de inteligencia dentro de los penales, el ordenamiento de los internos de acuerdo con su clasificación y régimen, así como la continuidad de los traslados de reclusos considerados de alta peligrosidad.
En el penal de Trujillo, conocido como El Milagro, se intensificaron además los controles a las personas que ingresan como visitantes, mediante acciones coordinadas con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Los accesos al establecimiento fueron reforzados con arcos detectores de metales, equipos de escaneo corporal y máquinas de rayos X, utilizados para detectar celulares, armas, drogas y otros objetos prohibidos.
El dispositivo cuenta también con apoyo del personal de la 32.ª Brigada de Infantería de Trujillo, como parte de las medidas destinadas a impedir el ingreso de elementos que puedan facilitar comunicaciones ilegales desde el interior del penal.
El INPE indicó que estas intervenciones forman parte de una estrategia permanente que se extenderá a los establecimientos penitenciarios bajo las ocho oficinas regionales del país, con especial atención a la lucha contra las extorsiones y el crimen organizado.
