Especialistas destacan la importancia de incorporar a las operadoras telefónicas y la Unidad de Inteligencia Financiera para combatir las extorsiones y debilitar las estructuras económicas de las organizaciones criminales.
Lima, Perú, 9 de octubre de 2026. La participación de las empresas de telecomunicaciones y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la estrategia del Comando Unificado de Lucha Contra la Criminalidad constituye un componente fundamental para enfrentar el avance de las organizaciones delictivas en el Perú, según consideró el exviceministro de Seguridad Pública, Julio Corcuera.
El especialista calificó positivamente la puesta en marcha de este mecanismo de coordinación entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, al considerar que la lucha contra la delincuencia organizada requiere intervenciones que vayan más allá de los operativos policiales y militares.
Corcuera explicó que uno de los aspectos más importantes de la estrategia consiste en involucrar a las empresas operadoras de telefonía para identificar y controlar las líneas móviles utilizadas por las bandas criminales en sus actividades de extorsión.
En ese sentido, señaló que los delincuentes recurren a chips telefónicos y números móviles para intimidar a comerciantes, transportistas y ciudadanos, mediante amenazas y exigencias económicas conocidas como cobro de cupos.
La colaboración de las compañías telefónicas permitiría fortalecer los mecanismos de identificación y seguimiento de las comunicaciones vinculadas a estas actividades, dentro de los procedimientos establecidos por la legislación vigente.
GOLPEAR LAS FINANZAS CRIMINALES
Otro elemento destacado por el exfuncionario es la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuya intervención permitiría seguir el movimiento del dinero generado mediante las actividades ilícitas.
Corcuera sostuvo que las organizaciones criminales funcionan bajo una estructura económica que necesita ingresos constantes para financiar sus operaciones, captar nuevos integrantes y mantener sus redes de extorsión.
Como ejemplo, mencionó a la organización conocida como Los Mexicanos, que, según sus declaraciones, obtiene aproximadamente 20.000 soles diarios mediante actividades extorsivas en Lima.
A su juicio, atacar las fuentes de financiamiento representa una de las medidas más efectivas para debilitar estas estructuras, debido a que la detención de algunos integrantes no necesariamente implica la desaparición de la organización criminal.
El especialista también destacó la necesidad de involucrar a las entidades bancarias y a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), debido a las competencias que estas instituciones tienen dentro del sistema financiero.
La coordinación permitiría identificar cuentas relacionadas con movimientos económicos sospechosos y adoptar las medidas correspondientes, conforme a las facultades legales de cada institución.
DESPLIEGUE DE 1.350 EFECTIVOS
El Comando Unificado, anunciado por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, contempla la participación de 1.350 integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
La distribución comprende 500 efectivos del Ejército, 250 de la Fuerza Aérea, 200 de la Marina de Guerra, 80 de las Fuerzas Especiales Conjuntas y 320 policías pertenecientes a unidades especializadas.
Entre los organismos policiales participantes se encuentran la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) y el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Grecco), entre otras dependencias.
El dispositivo contará además con vehículos militares, unidades blindadas, drones, furgones y equipos caninos destinados a fortalecer las intervenciones en las zonas consideradas prioritarias.
La estrategia busca mejorar el intercambio de información, coordinar operaciones conjuntas y facilitar la identificación y captura de integrantes de organizaciones criminales.
Corcuera valoró que la presidenta Fujimori asuma directamente el liderazgo político de la estrategia de seguridad, al considerar que esta participación puede favorecer una coordinación más rápida entre las instituciones del Estado.
La efectividad del nuevo mecanismo dependerá de su capacidad para transformar la coordinación institucional en resultados concretos, particularmente en la reducción de las extorsiones, el debilitamiento financiero de las bandas criminales y la protección de los ciudadanos.
