El ministro de Defensa del Perú, Rafael Belaúnde Llosa, denunció graves deficiencias en los sistemas de seguridad de los establecimientos penitenciarios del país y reveló que, durante sus visitas a diferentes cárceles, ha logrado comunicarse telefónicamente con su esposa pese a la existencia de equipos destinados a bloquear las señales celulares. La situación evidencia, según el funcionario, las vulnerabilidades que permiten mantener comunicaciones desde los centros de reclusión.
Las declaraciones fueron realizadas el jueves 22 de octubre durante una sesión descentralizada de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, celebrada en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.
«Yo he visitado muchos penales y he hecho siempre la misma prueba. Desde dentro del penal he llamado al celular de mi esposa y siempre me ha contestado», manifestó el ministro ante los integrantes de la comisión parlamentaria.
Belaúnde explicó que esta comprobación personal le permitió advertir que los bloqueadores de telefonía no cumplen eficazmente su función, una deficiencia especialmente preocupante debido a las investigaciones que vinculan a organizaciones criminales con llamadas extorsivas realizadas desde establecimientos penitenciarios.
EQUIPOS DE SEGURIDAD FUERA DE SERVICIO
El ministro también cuestionó el estado de los equipos de rayos X y los sistemas de escaneo utilizados para controlar el ingreso de visitantes, trabajadores y proveedores.
Según su exposición, numerosos establecimientos cuentan con dispositivos instalados en sus accesos, pero estos permanecen averiados o presentan problemas de funcionamiento.
«Si uno va al penal de varones de Trujillo o si uno va a Castro Castro o si uno va a cualquier penal, va a ver que efectivamente dentro del penal hay un área de control con equipos de rayos X, con equipos de escaneo, pero en todos los penales están todos malogrados», aseguró.
Como ejemplo mencionó el establecimiento penitenciario El Milagro, en Trujillo, donde determinados equipos dejaron de funcionar poco después de su instalación y, según indicó, permanecieron inutilizados durante años.
Esta situación dificulta detectar el ingreso de teléfonos móviles, chips, armas y otros objetos prohibidos que podrían facilitar actividades delictivas desde el interior de las prisiones.
MILITARES REFORZARÁN LA VIGILANCIA
Frente a estas deficiencias, Belaúnde defendió la participación de las Fuerzas Armadas en el control de los accesos y perímetros penitenciarios.
La estrategia contempla instalar retenes militares, fortalecer los procedimientos de inspección y utilizar equipos tecnológicos para identificar objetos prohibidos.
También propuso incorporar cámaras de vigilancia y drones destinados a supervisar los alrededores de los penales y las antenas de telecomunicaciones instaladas en zonas próximas.
El ministro señaló que las facultades legislativas otorgadas recientemente al Ejecutivo permitirán ampliar y mantener estas intervenciones mediante mecanismos de coordinación entre los ministerios de Justicia y Defensa.
No obstante, precisó que la administración y el control interno de las cárceles continuarán bajo responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
La participación militar estará orientada principalmente a reforzar la vigilancia exterior y controlar el ingreso de personas y mercancías.
EL HACINAMIENTO AGRAVA LA SITUACIÓN
Otro problema destacado durante la exposición fue la sobrepoblación penitenciaria, que limita la capacidad de las autoridades para supervisar las instalaciones.
Belaúnde informó que el penal El Milagro fue diseñado originalmente para albergar aproximadamente 1.500 internos, pero actualmente acoge alrededor de 6.700 personas.
Esta diferencia representa una presión considerable sobre los servicios básicos, las instalaciones y los mecanismos de seguridad.
Para enfrentar parcialmente esta situación, anunció la construcción de un nuevo pabellón y un área de trabajo dentro del establecimiento, obras que estarán a cargo de la Marina de Guerra del Perú mediante los Servicios Industriales de la Marina (SIMA).
La ampliación pretende mejorar las condiciones de infraestructura y facilitar las actividades penitenciarias.
LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
El titular de Defensa también insistió en la necesidad de establecer mecanismos legales que permitan fortalecer las operaciones contra organizaciones criminales y sus principales dirigentes.
La propuesta incluye la participación coordinada de unidades especializadas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como el intercambio de información de inteligencia con países vecinos.
Estas acciones buscan enfrentar redes delictivas que operan dentro y fuera del territorio peruano, particularmente aquellas vinculadas con la extorsión, el sicariato y otras modalidades del crimen organizado.
Sin embargo, el funcionario no presentó durante su exposición un informe técnico detallado que permitiera determinar cuántos bloqueadores están fuera de servicio, cuáles son los establecimientos afectados o el costo necesario para corregir las deficiencias.
Las llamadas que el ministro afirma haber realizado constituyen una señal de posibles fallas en la cobertura del bloqueo, aunque será necesario contar con verificaciones técnicas para establecer su magnitud.
La denuncia vuelve a colocar bajo examen la efectividad de las inversiones destinadas a la seguridad penitenciaria y la responsabilidad de las instituciones encargadas de mantener operativos estos sistemas.
El desafío para las autoridades será transformar las medidas anunciadas en resultados verificables que impidan utilizar los establecimientos penitenciarios como centros de coordinación de actividades criminales.
