Washington anunció medidas contra funcionarios, exfuncionarios, jueces, fiscales y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes señala por presuntos actos de corrupción, vínculos con el narcotráfico o acciones que, según el Gobierno estadounidense, afectan instituciones democráticas.
El Gobierno de Estados Unidos anunció la revocación o restricción de visas a 27 ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de medidas que alcanzan a familiares directos de algunos de los señalados.
El Departamento de Estado explicó que las decisiones forman parte de los compromisos asumidos dentro de Escudo de las Américas, iniciativa regional promovida por la administración de Donald Trump para reforzar la cooperación contra el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.
Bolivia concentra el mayor número de afectados. Entre los nombres divulgados se encuentran el fiscal general Roger Mariaca, el exministro de Justicia Iván Manolo Lima, el magistrado Israel Ramiro Campero y otros fiscales, jueces, funcionarios policiales y empresarios.
En el caso de Mariaca, Washington lo acusa de haber solicitado y aceptado sobornos para facilitar presuntamente actividades relacionadas con el narcotráfico y de contribuir a que delincuentes violentos evitaran la acción de la Justicia. Se trata de acusaciones formuladas por el Gobierno estadounidense, no de una condena judicial.
Mariaca rechazó los señalamientos y calificó la decisión como una forma de presión extranjera sobre el Ministerio Público boliviano. El fiscal afirmó que continuará ejerciendo sus funciones y defendió la independencia de la institución que dirige.
En Colombia, las restricciones alcanzaron al empresario Euclides Antonio Torres Romero y a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú. Peralta rechazó las acusaciones y anunció acciones para responder a la medida estadounidense.
En Perú, Estados Unidos revocó la visa del juez Juan Carlos Núñez Matos, identificado como magistrado de un juzgado constitucional de Lima. Las restricciones también fueron extendidas a sus familiares directos.
En el caso de Ecuador, Washington confirmó medidas contra dos ciudadanos y sus familiares, pero no reveló públicamente sus identidades ni precisó las razones individuales de las restricciones.
Las medidas fueron adoptadas mediante disposiciones de la legislación migratoria estadounidense que permiten restringir el ingreso al país cuando el Gobierno considera que determinadas personas pueden afectar sus intereses de política exterior. En algunos casos, quienes actualmente no poseen visa fueron declarados inelegibles para obtenerla en el futuro.
La decisión representa una ampliación del uso de restricciones migratorias por parte de Washington como instrumento dentro de su política regional contra la corrupción y el narcotráfico. Las personas señaladas mantienen el derecho a rechazar públicamente las acusaciones y estas medidas migratorias no equivalen, por sí mismas, a una sentencia penal.
