Familiares de personas detenidas por motivos políticos en Venezuela realizaron nuevas manifestaciones, exigiendo celeridad en los procesos judiciales y la liberación de sus allegados, en medio de denuncias por presuntas irregularidades.
Las protestas se concentraron en Caracas y otras ciudades del país, donde los participantes reclamaron falta de avances en los expedientes, así como restricciones para visitas y acceso a información sobre el estado de los detenidos.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que persisten demoras en los procedimientos judiciales, lo que mantiene a decenas de personas privadas de libertad sin sentencia firme, generando preocupación a nivel nacional e internacional.
Por su parte, voceros oficiales han reiterado que los casos siguen su curso conforme a la legislación vigente, aunque no se han precisado plazos concretos para eventuales liberaciones.
Analistas consideran que la situación continúa siendo un punto sensible en el escenario político venezolano, especialmente en un contexto de presión internacional por el respeto a los derechos fundamentales.
Las movilizaciones reflejan el clima de tensión y la demanda de mayor transparencia en el sistema judicial del país.
