La fiscalía general de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, investigado por la presunta comisión de seis delitos, entre ellos terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, en relación con los bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio de este año.
Según la investigación, Morales habría tenido participación en las movilizaciones que durante 53 días afectaron distintas regiones del país y dejaron un saldo de 22 personas fallecidas, además de cuantiosas pérdidas económicas. La orden también alcanza a otros dirigentes sindicales y sociales vinculados a las protestas.
El exmandatario rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de una persecución política. Desde el Chapare, donde permanece resguardado por sus seguidores, sostuvo que el Gobierno busca responsabilizarlo de la crisis para desviar la atención de los problemas económicos que enfrenta Bolivia.
