Este 2 de julio de 2026, el fundador y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, cumple 1.000 días prófugo de la justicia peruana, un periodo durante el cual las autoridades no han logrado ejecutar las órdenes de captura vigentes en su contra, pese a múltiples operativos policiales y a la recompensa ofrecida por información que permita ubicarlo.
Cerrón pasó a la clandestinidad en octubre de 2023, luego de que el Poder Judicial ordenara su captura. Aunque la condena por el caso del Aeródromo Wanka fue anulada posteriormente por la Corte Suprema, el exgobernador regional de Junín continúa siendo requerido por la justicia debido a un proceso por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos vinculados al financiamiento de Perú Libre. Sobre él pesa un mandato de prisión preventiva y una orden de captura nacional e internacional que ha sido renovada por el Poder Judicial.
Durante estos casi tres años de clandestinidad, Cerrón ha mantenido una intensa actividad política. A través de redes sociales, entrevistas virtuales y videoconferencias, ha continuado participando en la vida pública, defendiendo su inocencia y calificando los procesos judiciales en su contra como una persecución política. Incluso anunció que desarrollaría actividades de campaña de manera virtual para evitar revelar su ubicación.
Pese a permanecer oculto, el líder de Perú Libre ha seguido ejerciendo influencia dentro de su agrupación política, convirtiéndose en un caso inusual en la política peruana: un dirigente con presencia permanente en el debate nacional, pero ausente físicamente y fuera del alcance de las autoridades.
En paralelo, su defensa ha presentado diversos recursos judiciales para dejar sin efecto la orden de prisión preventiva, incluyendo un proceso ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, hasta la fecha las medidas judiciales continúan vigentes y el Poder Judicial ha ratificado que debe ser ubicado y detenido para responder por las investigaciones en curso.
El hecho de que Cerrón haya permanecido 1.000 días prófugo ha generado cuestionamientos desde diversos sectores políticos y de la sociedad sobre la eficacia de los organismos encargados de su búsqueda. Las autoridades sostienen que las labores de inteligencia continúan, mientras que el dirigente insiste en que no se encuentra evadiendo la justicia, sino resistiendo una decisión que considera arbitraria. Especialistas en derecho penal, sin embargo, señalan que una persona con orden de captura vigente que no se pone a disposición de las autoridades se encuentra, en términos prácticos y jurídicos, prófuga de la justicia.
Con este nuevo hito, el caso de Vladimir Cerrón se consolida como uno de los episodios más prolongados y controvertidos de la justicia peruana reciente, manteniendo abierto el debate sobre la capacidad del Estado para ejecutar sus propias resoluciones judiciales.
