La Fiscalía y la Policía Nacional investigan una denuncia de presunta agresión sexual contra una estudiante de secundaria en Talara. Diez adolescentes, de entre 15 y 16 años, estarían involucrados. La Defensoría del Pueblo exige medidas inmediatas para proteger a la menor y garantizar una investigación oportuna.
Una grave denuncia de presunta agresión sexual grupal contra una estudiante de secundaria ha generado preocupación en la provincia de Talara, región Piura, después de conocerse que aproximadamente diez escolares estarían involucrados en un incidente ocurrido dentro de una institución educativa.
Los hechos denunciados habrían ocurrido el miércoles 7 de octubre, durante el horario de recreo, cuando la adolescente fue presuntamente retenida dentro de un aula por dos compañeras de estudios.
De acuerdo con las primeras versiones recogidas por las autoridades, ambas estudiantes habrían impedido que la menor abandonara el salón y posteriormente permitido el ingreso de otros escolares, quienes presuntamente participaron en la agresión.
La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Provincial de Talara y de efectivos de la Policía Nacional pertenecientes a la Comisaría de Talara Baja, que realizan diligencias para determinar las circunstancias del incidente y establecer posibles responsabilidades.
Hasta el momento, los hechos denunciados no han sido esclarecidos judicialmente y las autoridades mantienen bajo reserva información relacionada con los adolescentes involucrados.
MADRE PRESENTÓ LA DENUNCIA
Después del presunto ataque, la estudiante relató lo ocurrido a su madre, quien acudió a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y a la Comisaría de Talara Baja para formalizar la denuncia.
Tras conocer el caso, la Fiscalía de Familia dispuso activar los protocolos de protección correspondientes y coordinar las primeras diligencias con las autoridades educativas y policiales.
Entre las actuaciones previstas se encuentran evaluaciones psicológicas y exámenes médico-legales destinados a determinar el estado de salud de la adolescente y reunir elementos para esclarecer lo sucedido.
Asimismo, los diez escolares señalados en las investigaciones preliminares fueron notificados para brindar sus declaraciones ante las autoridades competentes.
El Ministerio Público deberá establecer el grado de participación individual de cada adolescente, respetando las garantías legales y la presunción de inocencia.
DEFENSORÍA EXIGE PROTECCIÓN PARA LA MENOR
La Defensoría del Pueblo intervino de oficio y solicitó a las autoridades educativas, policiales y fiscales actuar con rapidez para garantizar la protección integral de la estudiante.
Mediante un pronunciamiento emitido el 13 de octubre, la institución demandó que el colegio proporcione apoyo emocional inmediato y coordine la intervención de los equipos de convivencia escolar de la UGEL de Talara.
También pidió que el caso sea registrado en el Libro de Incidencias y en el portal SíSeVe, plataforma del Ministerio de Educación destinada a reportar situaciones de violencia escolar.
La institución recordó que corresponde aplicar el Protocolo N.º 04, referido a la atención de casos de violencia sexual entre estudiantes, actualizado mediante la Resolución Ministerial N.º 383-2025-MINEDU.
SOLICITAN ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y LEGAL
La Oficina Defensorial de Piura exhortó al Centro Emergencia Mujer (CEM) de Talara a proporcionar acompañamiento psicológico y social especializado a la adolescente.
Asimismo, solicitó que se garantice asistencia legal gratuita para la familia, si fuera necesaria, durante las investigaciones.
La entidad también recomendó que la UGEL supervise la actuación del personal directivo y docente, además de brindar asistencia técnica para fortalecer los mecanismos de prevención y atención de la violencia escolar.
Las autoridades deberán determinar si se cumplieron los protocolos de supervisión y protección correspondientes durante la jornada educativa.
EXIGEN ESCLARECER LAS RESPONSABILIDADES
La denuncia vuelve a poner en discusión la seguridad de los estudiantes dentro de las instituciones educativas y la capacidad de respuesta frente a posibles situaciones de violencia sexual.
El caso también plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión durante los recreos, la identificación temprana de conductas violentas y la necesidad de proporcionar espacios seguros para niños y adolescentes.
La Defensoría recordó que todas las instituciones involucradas tienen la obligación de proteger el interés superior de los menores y garantizar que las actuaciones no ocasionen nuevas situaciones de vulnerabilidad.
También destacó la importancia de mantener bajo estricta reserva la identidad de la presunta víctima y de los adolescentes investigados, evitando su exposición pública.
Mientras continúan las diligencias fiscales, el principal desafío de las autoridades será esclarecer lo sucedido, garantizar la atención especializada de la estudiante y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la legislación peruana.
La protección de la adolescente y el respeto de las garantías procesales de todos los involucrados deberán mantenerse como prioridades durante el desarrollo de la investigación.
