La mayoría de los Contratos de Participación Productiva (CPP) otorgados por Delcy Rodríguez como ministra del Petróleo entre 2024 y 2025 —beneficiando a 16 empresas, incluyendo vínculos con Harry Sargeant III y el entorno de Rafael Correa— están en suspenso por la intervención militar estadounidense del 3 de enero que capturó a Nicolás Maduro. Estos acuerdos indefinidos, que asignaban hasta 50% de ganancias a socios como empresas chinas con exención de costos, enfrentan revisión bajo el plan Trump de toma de control petrolero venezolano.
Rodríguez firmó CPP con firmas pequeñas de capital chino, ecuatoriano y estadounidense, bajo reserva confidencial vía «ley antibloqueo»; ejemplos incluyen concesiones a Sargeant-Betancourt y proyectos de refinación/comercialización que asumían autosuficiencia estatal pese a sanciones. La operación militar, con más de 100 muertos, invalidó implícitamente estos pactos al priorizar acceso directo de compañías aliadas a Washington, generando incertidumbre para beneficiarios.
Como presidenta interina, Rodríguez negocia transición con empresarios, anunciando reformas a la ley de hidrocarburos y exportaciones de GLP/gas, pero enfrenta coacciones que podrían anular acuerdos previos. Fuentes sectoriales advierten fin abrupto para CPP chinos indefinidos, en medio de diálogos con EE.UU. para inversiones petroleras y levantamiento selectivo de sanciones.
La revisión amenaza la «autosuficiencia» chavista y redefine el sector energético venezolano.
