Familiares de Omar Antonio Labrador denuncian presuntas irregularidades judiciales y solicitan atención de organismos internacionales
Estados Unidos / Venezuela. Familiares del ciudadano venezolano Omar Antonio Labrador han presentado un dossier internacional en el que denuncian presuntas irregularidades judiciales, violaciones al debido proceso y posibles vulneraciones de derechos humanos relacionadas con el proceso penal que enfrenta en Venezuela.
El documento, elaborado por Edgar Martínez Labrador, ciudadano venezolano residenciado en Estados Unidos, busca llamar la atención de organismos internacionales sobre las circunstancias que rodearon la privación de libertad de Omar Antonio Labrador, comerciante y productor agrícola residenciado en el estado Guárico.
Según el dossier, los hechos se remontan al 9 de junio de 2022, cuando Omar Labrador habría acudido a una reunión previamente coordinada en un establecimiento comercial de Caracas. De acuerdo con los testimonios recopilados por familiares y allegados, fue interceptado por funcionarios que procedieron a trasladarlo del lugar sin que, presuntamente, se le mostrara una orden judicial ni se informara de manera inmediata sobre su situación legal.
Los familiares sostienen que, tras su desaparición, desconocieron su paradero durante aproximadamente tres días. Durante ese período, aseguran que no recibieron información oficial sobre su ubicación, no se permitió comunicación con sus allegados y no fueron notificados formalmente sobre una detención.
El dossier también señala que existirían inconsistencias entre la fecha en que ocurrieron los hechos y la cronología reflejada posteriormente en el expediente judicial, situación que, según los denunciantes, genera interrogantes sobre la legalidad del procedimiento realizado.
Asimismo, familiares y personas cercanas afirman que durante el período en que permaneció incomunicado, Omar Labrador habría sido sometido a presiones psicológicas y físicas. Según los testimonios incluidos en el documento, funcionarios presuntamente habrían solicitado una suma de 250.000 dólares estadounidenses a cambio de evitar su presentación ante el Ministerio Público y la formalización de cargos.
Los denunciantes consideran que, de comprobarse estos hechos, podrían configurarse posibles actos de extorsión, abuso de poder, detención arbitraria y tratos crueles o degradantes.
Ante esta situación, los familiares solicitan que organismos internacionales de derechos humanos revisen el caso y evalúen las presuntas irregularidades denunciadas, con el objetivo de garantizar el respeto a los principios del debido proceso y a los derechos fundamentales del ciudadano venezolano.
