La reforma laboral de Javier Milei representa un cambio estructural en el derecho del trabajo argentino, aprobada recientemente en Diputados y pendiente de sanción final en el Senado. Esta ley busca flexibilizar el mercado laboral para fomentar la creación de empleo, pero ha desatado fuertes críticas de sindicatos por considerar que precariza las condiciones de los trabajadores.
Una de las modificaciones más controvertidas permite jornadas diarias de hasta 12 horas a través del «banco de horas», un mecanismo que acumula excesos semanales para compensarlos con descansos futuros sin pago extra. Esto respeta un límite semanal de 48 horas, exige 12 horas entre turnos y un mínimo de 35 horas de descanso continuo por semana, pero elimina recargos por horas extras en muchos casos. Críticos argumentan que esto favorece a empresas con picos de producción, mientras defensores lo ven como una adaptación a ritmos modernos de trabajo.
El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es financiado por contribuciones patronales —1% de la masa salarial en grandes empresas y 2,5% en pymes— y cubre parte de las indemnizaciones por despido sin causa, inspirado en modelos como la «mochila austriaca». Si el fondo es insuficiente, el empleador completa el monto; además, se reduce la base indemnizatoria excluyendo aguinaldo y SAC, y se autorizan pagos en cuotas (hasta 6 o 12 mensualidades según el tamaño de la firma). Esta medida apunta a abaratar despidos y reducir litigios judiciales, aunque opositores la tildan de «despido barato».
Las vacaciones anuales podrán dividirse en segmentos de al menos 7 días corridos, decididos por el empleador entre octubre y abril, con preaviso de 30 días, rompiendo con la tradición de un período único e ininterrumpido. Esto incluye opciones para acumular días de años previos en casos justificados, pero limita la autonomía del trabajador en la elección de fechas. El objetivo es alinear descansos con necesidades productivas estacionales, generando debate sobre el impacto en la recuperación real de los empleados.
Se restringen las huelgas en servicios esenciales (telecomunicaciones, educación no universitaria, comercio, transporte aéreo y puertos), exigiendo al menos 75% de operatividad, y se prohíben en fuerzas de seguridad y salud crítica. Las negociaciones salariales por empresa prevalecen sobre las convenciones colectivas sectoriales, y las asambleas sindicales en el lugar de trabajo requieren permiso previo del empleador. Estas reglas buscan minimizar interrupciones económicas, pero son vistas por la CGT como un retroceso en derechos constitucionales.
Aprobada con 135 votos a favor en Diputados el 20 de febrero de 2026, la reforma forma parte del paquete económico de Milei para combatir la inflación y el desempleo, que ronda el 8% oficial. Sindicatos convocan paros y marchas, mientras empresarios celebran la «modernización»; el Senado podría debatirla el 27 de febrero. Analistas prevén judicialización inmediata si se convierte en ley.
