La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, advirtió que, si el Gobierno de Venezuela aplica de manera selectiva la Ley de Amnistía recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, esa práctica constituye una forma de “represión” contra la disidencia. La dirigente reaccionó así luego de que se conociera que algunos presos políticos, entre ellos su abogado, no recibirían el beneficio pese a cumplir las condiciones previstas en la norma.
“Negar la amnistía selectivamente es represión”, escribió Machado en un mensaje difundido en la red social X, en el que acusó al Ejecutivo encabezado por la presidenta Delcy Rodríguez de buscar “prolongar el terror” para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la libertad en Venezuela. A su juicio, el Gobierno utiliza una “justicia selectiva” para demostrar poder y control, cuando en realidad “teme a una nación que ha decidido ser libre”.
Machado recordó que, según el último balance de la ONG Foro Penal, 690 presos políticos han sido liberados desde la entrada en vigor de la ley, pero denunció que otros siguen detenidos o bajo arresto domiciliario con grilletes electrónicos pese a estar incluidos en los supuestos de amnistía. Citó el caso de su abogado, que continúa privado de libertad tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro y al que, afirmó, “le niegan la amnistía” sin explicación jurídica consistente.
La Ley de Amnistía fue aprobada tras semanas de debates dentro y fuera del Parlamento, y contempla el perdón de procesados por hechos vinculados a protestas y tensiones políticas ocurridas entre 1999 y 2026, periodo en el que el chavismo ha ejercido el poder. El Gobierno la presentó como un gesto de reconciliación nacional, en respuesta parcial a las exigencias de la comunidad internacional y como parte de los compromisos asumidos en el marco de los diálogos políticos.
Sin embargo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha advertido que, pese a la liberación de centenares de detenidos, persisten prácticas represivas, detenciones arbitrarias y judicialización de opositores. Machado retomó ese señalamiento para sostener que “con cada abuso del régimen no nos paralizan, sino que se fortalece la convicción de que este proceso es indetenible”.
Las críticas de Machado se suman a las de otros sectores opositores que denuncian que la amnistía se usa como herramienta de presión política, premiando a quienes aceptan condiciones del Gobierno y castigando a quienes mantienen una posición crítica. A la vez, sectores oficialistas defienden que las decisiones sobre cada caso corresponden al Poder Judicial y acusan a la oposición de intentar deslegitimar un proceso que, según el Ejecutivo, busca “dejar atrás el odio y la violencia”.
En un contexto de elevada polarización y dificultades económicas, el alcance real de la Ley de Amnistía y la forma en que se aplique serán determinantes para valorar si se trata de un paso hacia la distensión política o de un nuevo instrumento de control selectivo sobre la disidencia.
