A dos semanas de las Elecciones Generales 2026 del 12 de abril, estalló la controversia por denuncias de pagos de hasta 30 mil soles a encuestadoras para inflar intencionalmente las cifras de candidatos presidenciales, sembrando dudas sobre la credibilidad de los sondeos recientes.
La denuncia surgió en redes sociales y medios locales, donde se acusa a figuras como César Acuña (APP) de destinar sumas millonarias a streamers y plataformas digitales para manipular percepciones, aunque sin pruebas directas de alteración en encuestas formales de Datum o Ipsos. Candidatos como Rafael López Aliaga (Renovación Popular) ya habían tildado de «fraude» sondeos que lo bajan al 11,4%, empatado con Keiko Fujimori (10,9%), mientras Francisco Diez-Canseco calificó de «imposible» su 0% en Datum.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y ONPE no han emitido pronunciamientos oficiales, pero expertos electorales advierten que estas acusaciones, comunes en recta final, podrían erosionar la confianza en un proceso con 35 candidatos habilitados y voto blanco/viciado en 21,5%.
López Aliaga llamó a sus seguidores a vigilar mesas para evitar «tremendo fraude», mientras Fuerza Popular y APP niegan irregularidades y atribuyen las denuncias a guerra sucia. Analistas como Angelo Alfaro instan a fiscalizar encuestas registradas ante el JNE.
La recta final se complica con estos señalamientos, que podrían impulsar la dispersión de votos y favorecer al «no sabe» (15,2%).
