Cada 1 de mayo debería ser una fecha para honrar el trabajo, la dignidad del esfuerzo y las conquistas sociales alcanzadas por generaciones de luchadores. Pero en Venezuela, el Día del Trabajador se ha transformado en una jornada de protesta, de reclamo y de memoria. No hay nada que celebrar cuando el salario ha sido reducido a una cifra simbólica, incapaz de sostener la vida.
Hoy, el salario mínimo en Venezuela está prácticamente pulverizado. Permanece congelado desde 2022 en 130 bolívares, lo que equivale a apenas unos centavos de dólar, tras haber perdido más del 99% de su valor real. En un país donde los precios están dolarizados, ese ingreso no alcanza ni para cubrir lo más básico. Es, en términos reales, un salario inexistente.
Ante este colapso, el régimen ha sustituido el salario por bonos. Bonos discrecionales, no salariales, que no generan prestaciones, ni vacaciones, ni aguinaldos. Bonos que no construyen futuro, que no garantizan derechos, que no dignifican el trabajo. Son, en el mejor de los casos, un paliativo; en el peor, un mecanismo de control social.
Porque el problema no es solo económico. Es estructural. Es moral. La historia dejará constancia de que en esta etapa de Venezuela fueron desmanteladas las instituciones laborales que protegían al trabajador. Las mesas tripartitas —donde dialogaban el Estado, los empleadores y los sindicatos— fueron liquidadas. Las convenciones colectivas fueron desmanteladas. La negociación fue sustituida por la imposición.
Se traicionaron incluso las promesas fundacionales del propio chavismo. Hugo Chávez hizo campaña hablando de la defensa de las prestaciones sociales, del salario digno, del protagonismo del trabajador. Pero la realidad terminó siendo exactamente la contraria: prestaciones arrasadas, salario destruido, anuladas las convenciones colectivas y trabajadores empobrecidos.
El resultado es devastador. Hoy, millones de trabajadores, pensionados y jubilados sobreviven en condiciones de precariedad extrema. Aquellos contratos colectivos que garantizaban seguros de hospitalización, cirugía y maternidad; planes de recreación, becas para los hijos y estabilidad laboral han desaparecido. Lo que antes era un sistema de protección integral, hoy es un desierto de derechos.
Y frente a eso, la respuesta del poder ha sido insistir en una narrativa ficticia de recuperación, mientras en la calle los trabajadores levantan su voz: “ni bonos ni subsidios, salario digno ya”. Esa consigna no es un capricho. Es un grito de supervivencia.
Las recientes protestas de trabajadores y jubilados en Caracas reflejan esa realidad: una sociedad que ya no pide privilegios, sino condiciones mínimas para vivir con dignidad. Hablo con la autoridad moral que me dan los hechos. Evoco-lo pueden testimoniar los trabajadores-aquellos debates con los sindicatos con los que debía acordar los contratos colectivos respectivos, en los años en que me correspondió asumir la Gobernación del Dtto Federal, la Alcaldía del Municipio Libertador y posteriormente la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
No se trata solo de números. Se trata de lo que esos números representan: comida, salud, educación, futuro. En la actualidad la realidad es que se lucha en un país donde el trabajo no permite vivir es un país que ha roto su contrato social.
Por eso, este 1 de mayo en Venezuela no es una celebración. Es una denuncia. Es el recordatorio de que sin salario no hay ciudadanía plena, sin derechos laborales no hay justicia social, y sin dignidad en el trabajo no hay República posible. Porque no, no solo de bonos vive el trabajador. Vive de su salario. Vive de sus derechos. Vive de la esperanza de que su esfuerzo valga la pena. Y hoy, en Venezuela, esa esperanza sigue siendo una deuda pendiente.
Cuando María Corina Machado advierte que la libertad es un objetivo superior, no está apelando a una consigna abstracta, sino a una verdad que los trabajadores conocen bien: “no solo de pan vive el ser humano”. La lucha de los trabajadores venezolanos —y de sus líderes sindicales— nunca ha sido únicamente por un aumento de salario, aunque hoy ese reclamo sea urgente y legítimo. Su horizonte es más amplio y más profundo: recuperar la dignidad del trabajo en un país donde se respeten los derechos, donde existan instituciones que arbitren con justicia y donde el fruto del esfuerzo no dependa de la arbitrariedad del poder. En ese sentido, cada protesta, cada exigencia, cada sacrificio apunta a un mismo fin: volver a ser una nación soberanamente libre, donde el salario sea expresión de productividad y no de control político, y donde la libertad deje de ser una promesa para convertirse en la base real de la vida ciudadana.
Por Antonio Ledezma
Antonioledezma.net
