La crisis política y social en Bolivia continúa agravándose. Tras cinco semanas de protestas y 28 días consecutivos de bloqueos de carreteras, al menos cinco personas han fallecido y las ciudades de La Paz y El Alto permanecen prácticamente aisladas del resto del país debido a la interrupción de las principales rutas de acceso.
Según reportes oficiales y medios locales, existen más de un centenar de puntos de bloqueo distribuidos en varios departamentos bolivianos. La situación ha generado una severa escasez de alimentos, combustibles y medicamentos, afectando especialmente a las dos ciudades más pobladas del occidente del país.
Las movilizaciones, impulsadas por diversos sectores sociales y grupos afines al expresidente Evo Morales, exigen cambios en las políticas económicas del gobierno y rechazan medidas de austeridad implementadas por la administración del presidente Rodrigo Paz.
La tensión política también ha provocado una crisis dentro del Ejecutivo. En los últimos días renunciaron varios ministros, entre ellos el titular de Defensa, en medio de cuestionamientos por la gestión del conflicto y la incapacidad de restablecer el tránsito en las carreteras bloqueadas.
Ante el deterioro de la situación, el gobierno evalúa medidas extraordinarias para recuperar el control de las vías y garantizar el abastecimiento de productos básicos. Sin embargo, diversos sectores han advertido que una intervención más contundente podría aumentar la confrontación social.
Organismos internacionales y líderes regionales han llamado al diálogo para evitar una mayor escalada de la crisis, mientras miles de ciudadanos enfrentan dificultades para movilizarse y acceder a bienes esenciales.
