Los gremios de transportistas solicitaron una reunión urgente con la presidenta electa, Keiko Fujimori, con el objetivo de plantear medidas inmediatas para enfrentar la ola de extorsiones que, aseguran, mantiene al sector al borde del colapso económico.
Los dirigentes señalaron que las organizaciones criminales exigen pagos periódicos a empresas y conductores bajo amenazas de muerte y atentados contra sus unidades. Según denunciaron, quienes se niegan a pagar son víctimas de ataques armados, incendios de vehículos o agresiones contra sus familiares.
«Estamos quebrados. Ya no solo trabajamos para mantener nuestras familias, sino también para pagar a los extorsionadores», expresó uno de los representantes del sector, al advertir que muchas pequeñas empresas han paralizado sus operaciones por no poder afrontar las exigencias económicas de las bandas criminales.
Los transportistas sostienen que la inseguridad ha incrementado considerablemente sus costos operativos y que numerosos conductores han optado por abandonar la actividad ante el temor de convertirse en nuevas víctimas de la delincuencia organizada.
En ese contexto, los gremios esperan sostener un encuentro con la mandataria electa antes de su toma de posesión para exponer la gravedad de la situación y solicitar la implementación de un plan integral contra las extorsiones, que incluya el fortalecimiento de la inteligencia policial, operativos permanentes contra las organizaciones criminales y mayores garantías de protección para quienes denuncien estos delitos.
El sector considera que el problema ha alcanzado un nivel crítico y advierte que, de no adoptarse medidas urgentes, podrían convocarse nuevas movilizaciones y paralizaciones nacionales para exigir una respuesta efectiva del Estado frente a la creciente criminalidad.
