El Gobierno publicó el Decreto Supremo N.º 135-2026-EF, con el que inicia el proceso para cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) y cerrar uno de los capítulos más prolongados de la historia agraria del Perú. La norma permitirá que los antiguos propietarios afectados por la Reforma Agraria impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, así como sus herederos, reciban una compensación mediante bonos soberanos, dinero en efectivo, nuevas tierras del Estado o una combinación de estas modalidades.
La medida beneficiaría a cerca de 300.000 expropiados y herederos que aún mantienen bonos de la deuda agraria sin recibir una compensación actualizada. Según estimaciones de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA), el costo total para el Estado podría alcanzar 1.000 millones de dólares, luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la metodología de pago utilizada anteriormente y ordenara establecer un nuevo mecanismo de actualización.
Entre las principales novedades del reglamento figura la posibilidad de que los beneficiarios opten por recibir tierras estatales ubicadas en grandes proyectos de irrigación, como Chavimochic, Chinecas y Olmos. De esta manera, quienes fueron despojados de sus predios hace más de seis décadas podrán reincorporarse a la actividad agrícola y participar del crecimiento del sector agroexportador. También podrán elegir pagos en efectivo de hasta S/ 100.000 por año, bonos soberanos o canjes por inversiones en sectores priorizados por el Estado.
El procedimiento contempla tres etapas: la verificación de la autenticidad de los bonos, la identificación de sus actuales titulares y la determinación del valor actualizado de la compensación, junto con la modalidad de pago elegida por cada beneficiario. Además, el Tribunal Constitucional supervisará la ejecución del proceso para garantizar el cumplimiento íntegro de su sentencia.
La Reforma Agraria de 1969 transformó la estructura de propiedad rural en el Perú mediante la expropiación de millones de hectáreas de tierras, entregando a cambio bonos que, en numerosos casos, nunca fueron cancelados conforme a su valor real. Con la entrada en vigor del nuevo reglamento, el Estado busca poner fin a una deuda histórica que ha permanecido sin resolverse durante más de seis décadas.
