Un evento de la naturaleza de carácter catastrófico: dos terremotos de 7,1 y 7,5 grados en la escala de Richter, ocurridos con una separación de 30 segundos, han sumido a Venezuela en una gran tristeza y un profundo dolor. Es, quizás, la tragedia más grande que haya sucedido en la nación caribeña.
Escribo este artículo con mucho pesar, con la plena seguridad de que los venezolanos de bien están inmersos en un trance marcado por un cóctel de confusión, desdicha, angustia, depresión e impotencia frente a tal desastre.
En las primeras horas después del doble terremoto, la respuesta surgió de las mismas comunidades afectadas, cuyos habitantes, con sus propias manos y precarias herramientas, intentaban socorrer a las víctimas. Fue la gente común la que inició las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes.
A medida que se conocía la grave magnitud del desastre, la comunidad nacional e internacional se hizo presente con las primeras medidas de ayuda y los protocolos iniciales de apoyo con equipos especializados.
La poderosa fuerza sísmica no solo causó destrucción en los estados Vargas, Distrito Capital, Carabobo, Aragua y Falcón, sino que también dejó al descubierto a la cruel, represiva, corrupta e ineficaz “revolución bolivariana”.
El gobierno encargado tardó en responder ante la crítica situación. Los responsables de la administración quedaron paralizados; las ambulancias, camiones de bomberos, máquinas y equipos para la remoción de escombros no aparecieron. La explicación resulta dolorosa: gran parte de estos recursos están inservibles, deteriorados o presentan fallas mecánicas.
Los hospitales y centros asistenciales se encuentran sin medicamentos, insumos ni equipos suficientes. Los efectivos militares y policiales, entrenados para reprimir manifestaciones pacíficas, no hicieron acto de presencia en los distintos lugares afectados por la tragedia; por el contrario, instalaron puestos de control y retrasaron el paso de equipos que trasladaban ayuda.
La tragedia revela la incapacidad del régimen que gobierna Venezuela, sostenido por la administración norteamericana, la misma que parece no comprender la compleja realidad política venezolana.
La Constitución de Venezuela es clara al establecer dónde reside la soberanía: en el pueblo venezolano. La Carta Magna ha sido violada e irrespetada en numerosas oportunidades por quienes dirigen el país y concentran los poderes públicos.
Los cuerpos policiales se encuentran al garete, afectados por altos niveles de corrupción, mientras la ciudadanía carece de plenas garantías constitucionales y sociales.
Por todo esto, resulta urgente restablecer el orden constitucional, activar el artículo 350 de nuestra Carta Fundamental y dar por terminada la “revolución de los inútiles”. En este proceso, la administración norteamericana debe jugar un papel fundamental, debido a la confianza que parte del pueblo venezolano deposita en ella.
