La Fiscalía estadounidense acusa a la pareja de dirigir una estructura de represión que utilizaba detenciones arbitrarias, violencia y torturas contra opositores políticos y ciudadanos estadounidenses. Ambos enfrentan nuevos cargos ante un tribunal federal de Nueva York.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó nuevos cargos contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por presuntamente encabezar un sistema de represión política que recurrió a torturas, detenciones arbitrarias y amenazas para consolidar su permanencia en el poder en Venezuela.
La nueva acusación formal, divulgada el jueves 8 de octubre por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, incorpora el delito de conspiración para cometer tortura al proceso judicial que ambos enfrentan por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas.
Según el documento judicial, Maduro y Flores estuvieron al frente de una estructura que utilizó organismos militares, policiales y judiciales para perseguir a ciudadanos considerados adversarios políticos. La Fiscalía sostiene que las prácticas también afectaron a ciudadanos estadounidenses detenidos en territorio venezolano.
Los investigadores atribuyen a la pareja responsabilidad en la creación y funcionamiento de mecanismos represivos que, presuntamente, permitieron acumular poder y recursos económicos mediante la intimidación de opositores y la protección de actividades ilícitas.
ACUSACIONES DE TORTURAS SISTEMÁTICAS
La acusación describe un conjunto de métodos de tortura física y psicológica que habrían sido utilizados contra personas privadas de libertad.
Entre las prácticas señaladas figuran descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos y amenazas contra familiares de los detenidos, incluidos sus hijos.
La Fiscalía sostiene que estos procedimientos formaban parte de una estrategia organizada para impedir manifestaciones de disidencia y neutralizar a quienes representaban una amenaza para la continuidad del poder político.
El expediente atribuye a varios altos funcionarios venezolanos la supervisión directa de centros de detención y de unidades encargadas de ejecutar interrogatorios mediante violencia.
Asimismo, los fiscales aseguran que algunos de estos funcionarios comunicaban personalmente a Maduro los resultados de los interrogatorios y solicitaban instrucciones sobre el tratamiento de determinados prisioneros.
De acuerdo con la acusación, el exmandatario habría sugerido técnicas específicas para presionar a los detenidos, entre ellas impedirles dormir y someterlos a procedimientos de intimidación física.
El documento también señala que Maduro recibía información sobre los abusos perpetrados y, presuntamente, intervenía en decisiones relacionadas con la liberación o el procesamiento penal de las víctimas.
CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES ENTRE LAS VÍCTIMAS
La nueva imputación incorpora nueve casos concretos de presuntas torturas, entre ellos los de tres ciudadanos estadounidenses.
Uno de los episodios descritos corresponde a un estadounidense detenido en Venezuela en 2022, quien habría sufrido golpes y descargas eléctricas mientras permanecía bajo custodia de organismos de inteligencia militar.
Otro caso se remonta a 2013, cuando un oficial venezolano sospechoso de participar en una conspiración contra el Gobierno habría sido sometido a interrogatorios violentos después de que Maduro ordenara su detención.
La Fiscalía señala que algunas víctimas fueron torturadas durante períodos de inestabilidad política, especialmente cuando las autoridades consideraban amenazada su permanencia en el poder.
El director del FBI, Kash Patel, manifestó que las nuevas imputaciones reflejan el compromiso de las autoridades estadounidenses con la investigación de los abusos cometidos contra personas bajo custodia del Estado venezolano.
Por su parte, el fiscal federal Jamie McDonald sostuvo que Maduro, Flores y otros integrantes de su entorno utilizaron presuntamente un sistema de violencia y persecución para conservar el control político y económico.
NUEVOS CARGOS Y POSIBLES CONDENAS
El delito de conspiración para cometer tortura contempla una pena máxima de 20 años de prisión bajo la legislación estadounidense.
Esta acusación se suma a las relacionadas con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y utilización de armas de guerra, por las cuales ambos podrían enfrentar penas considerablemente mayores.
Maduro y Flores fueron capturados el 3 de enero de 2026 durante una operación militar estadounidense en Caracas y posteriormente trasladados a Nueva York, donde permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
Los dos se declararon inocentes de los cargos originales. Sus representantes legales también han rechazado las nuevas acusaciones y han expresado su intención de responderlas durante el proceso judicial.
El jueves, el juez federal Alvin Hellerstein rechazó una solicitud de libertad provisional presentada por la defensa de Cilia Flores por motivos de salud.
Los abogados habían solicitado que la ex primera dama permaneciera bajo arresto domiciliario mientras se desarrollaba el procedimiento judicial, pero el magistrado consideró que existía riesgo de fuga y que los argumentos presentados no justificaban modificar las condiciones de detención.
JUICIO PREVISTO PARA 2027
El proceso contra Maduro y Flores tiene previsto comenzar el 1 de junio de 2027 ante un tribunal federal de Manhattan.
La nueva acusación amplía el alcance del expediente al incorporar presuntas violaciones de derechos humanos directamente relacionadas con el ejercicio del poder político en Venezuela.
La Fiscalía deberá demostrar ante el tribunal la responsabilidad individual de los acusados y la existencia de la estructura criminal descrita en el documento.
Mientras tanto, Maduro y Flores mantienen su presunción de inocencia conforme a la legislación estadounidense, hasta que una sentencia judicial determine si son responsables de los delitos que se les atribuyen.
