Las proyecciones elaboradas por el Ministerio Público señalan que la Policía Nacional del Perú (PNP) podría cerrar el año 2026 con un total de 882 efectivos denunciados por presuntos actos de corrupción de funcionarios, lo que representa un promedio estimado de 73 casos mensuales.
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Los registros del sistema fiscal indican que el cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial o penitenciaria proyecta 778 denuncias, mientras que el cohecho pasivo impropio alcanza las 104 causas proyectadas.
ntre enero y septiembre del presente año, la institución fiscal ya ha contabilizado 458 denuncias formales vinculadas a este tipo de delitos dentro del personal de la PNP.
Paralelamente, la Dirección de Investigación Disciplinaria de la propia PNP gestiona más de 35,000 expedientes administrativos, de los cuales más de 1,500 casos anuales conllevan implicancias delictivas que son derivados al Poder Judicial para su procesamiento penal.
Casos recientes en Lima y regiones
Durante las últimas semanas, diversos operativos interinstitucionales han derivado en la detención de miembros activos de la fuerza policial implicados en investigaciones por robo, extorsión y protección a organizaciones criminales.
El pasado 20 de octubre, en la ciudad de Barranca, dos agentes fueron intervenidos por presuntamente comercializar en 4,000 soles un arma de fuego que había sido sustraída a otro efectivo durante un asalto.
En Lima, seis agentes —tres pertenecientes al Grupo Terna y tres a unidades de inteligencia— fueron detenidos tras ser denunciados por un comerciante.
De acuerdo con la investigación en curso, los policías habrían sustraído 6,000 soles y exigido el pago de 4,000 adicionales para no intervenir a su pareja, luego de haber solicitado inicialmente un monto de 100,000 soles.
Por su parte, en Juliaca, tres integrantes del Grupo Terna, incluido el jefe de la unidad, recibieron nueve meses de prisión preventiva tras ser investigados por el asalto a un empresario mediante la simulación de un operativo policial, lo que motivó la desactivación de dicha unidad en la zona.
Asimismo, en la provincia de Tarma, tres suboficiales fueron intervenidos por presuntamente brindar protección a una red dedicada al robo de vehículos y extorsión.
En el cuadro estadístico del Ministerio Público, la región La Libertad ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en volumen de denuncias contra personal policial.
Debate sobre el control disciplinario y la reforma de la PNP
El incremento de expedientes ha generado opiniones contrapuestas entre exautoridades del sector Interior respecto a la estructura de supervisión de la institución.
El exdirector de Investigaciones de la Inspectoría de la PNP, Carlos Tuse, sostuvo que la pérdida de control disciplinario responde a cambios normativos:
“Siempre he denunciado que la ley, el Decreto Legislativo 1267, establece que la disciplina la administra el Ministerio del Interior a través de una Oficina de Asuntos Internos; es por eso que se resquebraja la disciplina“.
Ante el cuestionamiento institucional, el ministro del Interior, César Astudillo, manifestó que el sector trabaja en la reestructuración interna:
“Se viene trabajando arduamente en no solamente en enfrentar a la criminalidad exterior, sino a la reforma policial que venimos llevando a cabo al interior, una reforma policial que nos cuesta muchísimo trabajo realizar“.
El titular de la cartera agregó: “Mucha gente cree que reforma policial es simplemente dar de baja a todos los oficiales, suboficiales y ya, y no es así“.
Por otro lado, el exministro del Interior, Mariano González, sostuvo que la reforma de la institución representa una tarea pendiente desde inicios de la década del 2000. González afirmó:
“Lamentablemente el crimen ha penetrado a muchas instituciones, a muchos niveles inclusive de la sociedad peruana, y lamentablemente nuestra policía indirectamente también ha sido afectada por malos elementos“.
