La reciente intervención pública del exmilitar Antauro Humala, en el marco de la campaña para las Elecciones Generales de 2026, ha reavivado un debate que trasciende lo estrictamente político para ingresar en el terreno de la seguridad nacional y la estabilidad diplomática del Perú. Sus declaraciones, centradas en un eventual gobierno de Roberto Sánchez, plantean ejes disruptivos que requieren un análisis técnico profundo: la reivindicación territorial mediante la confrontación con Chile y la liberalización del acceso a armas civiles.
Primero: el eje diplomático y la soberanía
Humala propone una postura de patriotismo radical que busca reivindicar territorios mediante una política de choque. Esta retórica se apoya en la controversia sobre el “triángulo terrestre”, un área de 37.610 metros cuadrados. Mientras el Perú sostiene su soberanía basándose en el Punto Concordia, la tesis chilena se rige por el Hito Primero.
Desde una perspectiva de derecho internacional, estas propuestas colisionan frontalmente con los tratados de límites vigentes y la resolución de la Corte de La Haya de 2014. Aquel fallo tuvo como objetivo jurídico cerrar las disputas históricas para consolidar una etapa de cooperación binacional. Un discurso de confrontación pone en riesgo activos estratégicos como la Alianza del Pacífico, bloque que ha permitido al Perú posicionarse competitivamente en el mercado global.
Segundo: el riesgo de la tercerización de la fuerza
La propuesta de facilitar armas de fuego a la población civil bajo el argumento de la “defensa nacional” presenta una preocupante similitud estructural con modelos de control social vistos en otros países de la región, como los denominados “colectivos” en Venezuela.
Este enfoque busca la creación de una fuerza paralela que responda a una ideología o a un caudillo, en lugar de someterse al control estricto de las instituciones castrenses y la Constitución. La experiencia histórica demuestra que la entrega de poder de fuego a civiles, bajo el pretexto de soberanía, suele derivar en el control territorial por grupos irregulares, amedrentando a la población y generando zonas de exclusión donde el Estado pierde su autoridad. En un Perú fragmentado, esta medida no garantiza la defensa externa, sino que eleva exponencialmente el riesgo de enfrentamientos internos por diferencias políticas o sociales.
Tercero: impacto en el electorado y viabilidad legal
El discurso busca captar sectores marcados por la indignación. No obstante, la viabilidad de estas figuras en el Poder Ejecutivo sigue bajo el escrutinio de las normativas electorales. El ordenamiento jurídico peruano ha fortalecido las barreras para la participación de ciudadanos con sentencias penales por delitos graves, garantizando así la idoneidad y la probidad en el ejercicio de la alta magistratura.
Conclusión: la soberanía en el siglo XXI
Finalmente, es imperativo comprender que un liderazgo que priorice la soberanía con inteligencia —haciendo uso estricto de la ley y la diplomacia internacional— siempre será más beneficioso para la República que uno que proponga conflictos innecesarios. Como profesionales del derecho, sabemos que el monopolio de la fuerza debe residir exclusivamente en el Estado para garantizar el orden.
En la realidad actual, la verdadera soberanía nacional no se mide por la cantidad de armas en manos de civiles o por la retórica de confrontación, sino por la estabilidad económica, la calidad de la salud y el fortalecimiento de la educación. El desarrollo del Perú en este 2026 depende de su capacidad para integrarse al mundo con firmeza jurídica y paz social, no de retroceder hacia escenarios de violencia y aislamiento que el país ya ha trabajado arduamente por superar.
