El gobierno de El Salvador inició un juicio masivo contra 486 presuntos integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), en lo que se considera uno de los procesos judiciales más grandes en la historia reciente del país.
Los acusados enfrentan cargos por más de 47.000 delitos, entre ellos homicidios, extorsión, tráfico de armas, desapariciones forzadas y feminicidios, cometidos entre 2012 y 2022.
El proceso incluye a líderes históricos de la organización criminal, conocidos como la “ranfla”, a quienes la Fiscalía señala como responsables de ordenar operaciones delictivas a nivel nacional.
Las audiencias se desarrollan en gran parte de forma virtual desde centros penitenciarios de máxima seguridad, como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde permanecen recluidos la mayoría de los imputados.
Este juicio se enmarca en la política de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele, basada en un régimen de excepción vigente desde 2022, que ha permitido la detención de más de 90.000 personas vinculadas a pandillas.
No obstante, el proceso ha generado críticas de organismos internacionales de derechos humanos, que advierten sobre posibles vulneraciones al debido proceso, limitaciones en la defensa legal y riesgos de detenciones arbitrarias.
A pesar de estas observaciones, el gobierno salvadoreño sostiene que su estrategia ha logrado una reducción significativa de la violencia y los homicidios, consolidando su política de “mano dura” contra las estructuras criminales.
