El proceso para sustituir a los 32 magistrados abre un debate sobre la independencia judicial, la legitimidad de las instituciones y las reglas que deberán regir la selección
La renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se perfila como una de las primeras y más importantes pruebas institucionales del proceso de transición que atraviesa Venezuela.
El acuerdo alcanzado el pasado 12 de agosto entre representantes del Gobierno y de la Asamblea Nacional electa en 2015 contempla iniciar un nuevo proceso para escoger a todos los magistrados del máximo tribunal, además de reformar la Ley Orgánica del TSJ y modificar el Comité de Postulaciones Judiciales.
La organización Conciencia es Dignidad advierte, sin embargo, que sustituir a los actuales magistrados no garantiza por sí solo una transformación del sistema judicial. El verdadero desafío será asegurar que la selección se realice mediante reglas claras, criterios objetivos, participación ciudadana y estricto respeto a la Constitución.
El proyecto de reforma aprobado en primera discusión el 27 de agosto plantea que el Comité de Postulaciones Judiciales pase a tener 23 integrantes: 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil. Con esta modificación, los sectores civiles tendrían una mayoría dentro del organismo encargado de evaluar a los candidatos.
EL DEBATE SOBRE LA LEGITIMIDAD
Uno de los principales puntos de discusión es determinar quién tiene la autoridad institucional para impulsar las reformas que permitirán designar a los nuevos magistrados.
Conciencia es Dignidad cuestiona que la Asamblea Nacional instalada en 2025 tenga legitimidad suficiente para aprobar las modificaciones legales que servirán de base al nuevo proceso. La organización sostiene que cualquier cambio debe respetar los principios constitucionales y evitar que una institución cuestionada termine utilizando los mismos mecanismos que pretende sustituir.
También existe preocupación por la independencia del Comité de Postulaciones. Expertos de organizaciones como Acceso a la Justicia han señalado que la participación política dentro de este organismo debe limitarse para evitar que la selección de magistrados vuelva a quedar condicionada por intereses partidistas.
UNA OPORTUNIDAD PARA RECONSTRUIR LA JUSTICIA
El proceso también representa una oportunidad para recuperar la confianza en el Poder Judicial después de años de cuestionamientos sobre su independencia.
Los sectores que respaldan la renovación plantean que los candidatos deben ser evaluados mediante criterios públicos y verificables, con participación de universidades, gremios profesionales y organizaciones de la sociedad civil.
La Constitución establece requisitos específicos para ser magistrado del TSJ, entre ellos reconocida honorabilidad, competencia jurídica y una trayectoria profesional, académica o judicial de al menos 15 años, según la vía de postulación.
El proceso, por tanto, no se limitará a escoger nuevos nombres. Su principal desafío será demostrar que Venezuela puede comenzar a construir instituciones independientes y capaces de funcionar por encima de los intereses políticos.
La renovación del TSJ se convierte así en una prueba decisiva: si el procedimiento es transparente, puede convertirse en un primer paso hacia la reinstitucionalización del país; si reproduce las prácticas del pasado, podría profundizar la desconfianza en la transición.
